Seis menores de edad murieron en operación militar en Guaviare; esto dijo la Defensoría del Pueblo sobre las víctimas

Una nueva polémica nacional estalló en la mañana de este sábado, 15 de noviembre, luego de que la Defensoría del Pueblo confirmara la muerte de seis niños, niñas y adolescentes durante un bombardeo de las Fuerzas Militares en zona rural del Guaviare.

La operación, dirigida contra un campamento de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”, fue autorizada por el presidente Gustavo Petro y tenía como objetivo atacar estructuras señaladas de múltiples violaciones humanitarias en la región.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, entre las víctimas se encontraban menores que habrían sido reclutados de manera forzada, una práctica considerada crimen de guerra tanto por la normativa colombiana como por los tratados internacionales ratificados por el país. Además de los seis menores fallecidos, la entidad informó sobre la recuperación de cuatro cuerpos adicionales, los cuales aún no han sido identificados.

Este anuncio contradice la versión entregada un día antes por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien aseguró que en el operativo “no hubo menores de edad afectados”, y en el que incluso, defendió que, sí, un menor participaba en hostilidades, podía perder protección.

“Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna; recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”, señaló Sánchez.

Ante estas declaraciones, la Defensoría respondió de manera directa y llamó a evitar interpretaciones que desconozcan los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). En su comunicado, la entidad recordó que los menores reclutados mantienen una protección reforzada, incluso cuando se encuentren en campamentos o estructuras de grupos armados ilegales, pues esta protección surge de los principios de humanidad, precaución, proporcionalidad y del interés superior del niño.

Seguido de esto, el organismo recalcó también que, aunque el DIH reconoce la existencia de operaciones militares legítimas, estas deben ejecutarse minimizando al máximo los daños a personas sin participación directa en las hostilidades, y que los menores reclutados no pueden ser tratados como combatientes.

Citando la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la entidad reiteró que estos niños “no pueden convertirse en objetivos militares”, aun cuando se hallen en zonas controladas por grupos armados o bajo su mando.

Por último, la Defensoría advirtió que la responsabilidad inicial de estos hechos, recae sobre las estructuras armadas ilegales que reclutan menores y los utilizan como “escudos humanos”, una conducta tajantemente prohibida por el DIH.

Según indico, Colombia está obligada a prevenir y sancionar el reclutamiento infantil conforme al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, al Estatuto de Roma y a los Convenios de Ginebra.

La Defensoría del Pueblo concluyó señalando que esta tragedia no es un hecho aislado, pues durante el último año, ha documentado múltiples vulneraciones al DIH, atribuidas a las disidencias en el Guaviare.