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JEP pide investigar funcionarios de la Fiscalía por caso de 'Jesús Santrich'
Esta denuncia fue hecha por los delitos de Fraude a resolución judicial o administrativa de policía y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), interpuso una denuncia penal para que se investiguen las conductas de antiguos servidores de la Fiscalía General de la Nación de Néstor Humberto Martínez, en el proceso mediante el cual esta Jurisdicción le otorgó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’, en mayo de 2019.
“La autoría de tales conductas punibles se predica en principio de quien fungía como directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, Ana Fabiola Castro, para ese momento (abril a diciembre de 2018), pero es muy probable que su actuar haya sido inducido, co-realizado o auxiliado conscientemente por otras personas a quienes también debe extenderse la investigación.
Lo anterior, según el presidente de la JEP, Roberto Vidal, porque pese a que existían órdenes judiciales de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación de ese momento, que era liderada por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, no le entregó a esta Jurisdicción toda la información que requirió en varias oportunidades, para tomar una decisión en este caso, afectando la credibilidad en la JEP y en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc.
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Además, Roberto Vidal explicó esta denuncia se interpuso por una recomendación de la Plenaria de la corporación, luego de recibir un informe de una Comisión de Seguimiento creada para el caso y viene acompañada por un estudio forense realizado por Guernica Chambers, una firma de abogados con sede en Londres, Inglaterra, que relata los hechos que demuestran que hubo múltiples irregularidades.
Por último, el presidente de la JEP explicó que esta denuncia no se pronuncia sobre la responsabilidad de ‘Santrich’ quien fue excluido de la Jurisdicción en septiembre de 2019, por su decisión de convertirse en un desertor armado del proceso de paz.
