Histórico: la JEP dicta su primera sentencia contra siete miembros del Secretariado de las Farc; estas son sus condenas

Amparados en que los comparecientes aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad tras ser hallados como máximos responsables de la política de secuestros en el país, un tribunal de Juzgamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz dictó sentencia contra los siete últimos integrantes del Secretariado de las Farc.

Se trata de Rodrigo Londoño Echeverri (‘Timochenko’), Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo (Joaquín Gómez), Jaime Alberto Parra (’El Médico’), Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’) y Rodrigo Granda Escobar (‘Ricardo Téllez’).

Los jefes del Secretariado fueron enjuiciados en el marco del llamado Caso 01, en el que el Tribunal de la JEP investigó la toma de rehenes, graves violaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las extintas Farc.

“Los siete comparecientes del último secretariado de las Farc-EP fueron determinantes para la ejecución e implementación de la política de secuestro en todo el país, así como otros delitos que se cometieron en el contexto del cautiverio”, indicó la JEP .

Producto de esas investigaciones el tribunal especial sentenció a los miembros del secretariado con la máxima sanción permitida tiempo máximo previsto en el Acuerdo Final de Paz, para contribuir a la reparación de las víctimas.

El documento de 663 páginas precisa que los comparecientes realizarán trabajos en búsqueda de personas desaparecidas, acción integral contra minas, recuperación del medio ambiente y reparación simbólica de las víctimas.

Las sanciones incluyen una restricción efectiva de libertades y derechos en establecimientos no carcelarios y la realización de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador, de acuerdo a lo acordado en el proceso de paz.

De ese modo, deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados y estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico, además de participar en los proyectos restaurativos.

“El día de hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz les está cumpliendo a las víctimas, a las organizaciones, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional”, aseguró el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.

En su pronunciamiento, Ramelli se dirigió a las 4200 víctimas de secuestro en el país, quienes “han dado sentido a cada paso de la investigación”. Estas sentencias, explicó, “marcan una nueva etapa procesal, marcada por trabajos para restaurar a las víctimas, las comunidades y sus territorios”.

“Donde sea que uno mire, hay una vida marcada por el conflicto”, dijo el Presidente de la JEP, al recordar las historias de algunas víctimas de la guerra en Colombia. “La sentencia es solo un paso más en un largo camino hacia las garantías de los derechos. Habla de las madres que buscan a sus hijos, de los pueblos que esperan justicia y de las voces silenciadas”, expresó.

Por su parte, el magistrado Camilo Andrés Suárez calificó la decisión como un “hecho trascendental en Colombia”. “Esta sentencia no borra el dolor, pero es un acto de reconocimiento, es una sentencia que abre una página nueva para la memoria, la paz y la justicia. Es una invitación a condenar sin titubeos toda forma de violencia.

El secuestro como política criminal

La investigación de la JEP estableció que las Farc implementaron el secuestro como parte de una política criminal que se sostenía en tres patrones de forma sistemática y generalizada en todo el país.

Desde 1993 lo usaron como mecanismo de financiación, aunque previamente ya practicaban secuestros extorsivos. Y, a partir de 1998 empezaron a secuestrar a militares y civiles en un fallido intento de forzar el intercambio por guerrilleros presos. Asimismo, recurrieron al secuestro como “instrumento de control social y territorial”.

“En todos los patrones se evidenció que el llamado buen trato a los cautivos se redujo únicamente a mantenerlos con vida, mientras eran sometidos a condiciones que desconocían por completo su dignidad humana”, precisó la JEP.

Los proyectos restaurativos

Las sanciones propias que contempla la JEP para los máximos responsables de delitos cometidos en el marco del conflicto, establece el acuerdo, son de 5 a 8 años para los máximos responsables, y de 2 a 5 años para partícipes no determinantes.

Dichas sanciones se cumplirán, bajo supervisión de la ONU, en la realización de las siguientes actividades:

Acción integral contra minas: Las extintas Farc-EP, en su intento de ejercer control territorial, llenaron los campos de minas antipersonal que hoy todavía impiden el derecho a la movilidad de comunidades, que también sufrieron los secuestros de las Farc-EP. Las víctimas hoy piden recuperar esos territorios.

Búsqueda de personas dadas por desaparecidas: De las más de 4.325 víctimas de secuestro acreditadas en la JEP, cerca del 8% reportó a un ser querido desaparecido en medio de los secuestros de las extintas Farc-EP.

Línea de memoria y reparación simbólica: Para honrar y mantener viva la memoria de las víctimas de secuestro en el conflicto armado y de aquellas que no sobrevivieron.

Línea de medio ambiente, naturaleza y territorio: El secuestro desplazó a comunidades e impidió el desarrollo natural de los territorios. Esta línea busca reconstruir el vínculo roto con la tierra, con el Territorio y con la Naturaleza.