Funcionaria de la cárcel de Tuluá afronta cargos por presunto acoso laboral; así habría sido el maltrato contra uno de sus compañeros

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Luisa Fernanda González Restrepo, técnico operativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, adscrita a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá, Valle del Cauca, por presunto acoso laboral contra uno de sus compañeros de trabajo.

Según informó, este lunes, el organismo de control, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2023, cuando González Restrepo supuestamente incurrió en conductas reiteradas de discriminación y maltrato verbal.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca detalló que la funcionaria habría proferido comentarios “hostiles, humillantes, irrespetuosos, soeces y descalificantes”, algunos de ellos en presencia de otros compañeros, lo que podría constituir una violación al derecho del trabajador a ser tratado con dignidad y respeto a su buen nombre.

La entidad indicó además que estas conductas habrían generado afectaciones a la salud del denunciante. Por la gravedad de los hechos, el Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta como una “falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo”, al considerar que se vulneraron principios como la igualdad, la responsabilidad y la moralidad en el ejercicio de la función pública.

Este caso se suma a una serie de decisiones recientes adoptadas por la Procuraduría contra funcionarios públicos involucrados en presuntas conductas irregulares en distintas regiones del país.

Otro caso: 16 años de inhabilidad a intendente de Policía implicado en narcotráfico

El pasado domingo 20 de julio, la Procuraduría General de la Nación confirmó en fallo de segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por 16 años contra Nelson Enrique Robles Munévar, intendente de la Policía Nacional adscrito a la compañía antinarcóticos de control aeroportuario en Bogotá.

Según el informe oficial, Robles Munévar facilitó un uniforme y prendas de uso exclusivo de la Policía a un particular, quien se hizo pasar como miembro activo de la institución y logró ingresar al hangar de la empresa Central Charter de Colombia S.A.S., en el Aeropuerto El Dorado, para simular una inspección de rutina.

El procedimiento encubría el intento de tráfico de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína con destino al Reino Unido, ocultos en 15 maletas.

La Procuraduría sostuvo que la actuación del uniformado infringió sus deberes funcionales, afectó la imagen institucional de la Policía y puso en riesgo la seguridad pública.

El fallo concluyó que incurrió en una falta “gravísima a título de dolo”, y recordó que contra esta decisión no procede ningún recurso adicional.