Varios abogados aseguran que el expresidente Álvaro Uribe es víctima de una persecución judicial

Como un caso de lawfare, conocido mayormente como ‘guerra jurídica’, describieron varios abogados del país el juicio al que se enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, del que se conocerá el fallo la próxima semana.

Por medio de un extenso comunicado, los juristas sostuvieron que el exmandatario es víctima de una persecución judicial, debido a que no hay pruebas contundentes que fundamenten su posible condena.

En sus palabras, el líder natural del Centro Democrático ha sido objeto de múltiples investigaciones por presuntos delitos “dentro de una narrativa mediática relacionada con una supuesta complicidad con la creación de grupos paramilitares”.

De ese modo, los juristas hicieron énfasis en que el llamado ‘caso del siglo’, solo es un “burdo montaje y una campaña de descrédito” liderado por los adversarios y detractores políticos de Uribe.

Pero no solo eso, pues en sus declaraciones, los abogados firmantes también lanzaron un fuerte cuestionamiento contra la Fiscalía General de la Nación, asegurando que el ente fue quien cohonestó dicha campaña de desprestigio.

“Fue cohonestada por una Fiscalía militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política, y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública”, se lee en uno de los párrafos del texto.

Asimismo, pusieron en manto de duda las declaraciones de los testigos en contra del expresidente, testimonios recibidos por el ente acusador.

“Del acervo probatorio se deduce que la acusación penal de la Fiscalía, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, no está fundada en ninguna prueba sino construida con base en testigos mendaces, y contradictorios, como lo son Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, tan solo conocidos por su prontuario criminal”, mencionaron los juristas.

A renglón seguido, en el documento se enunció que el juicio de Uribe ha sido blanco de distintas irregularidades en las que “se desconocieron las garantías básicas del derecho a un juicio justo y al debido proceso, establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”, reza el escrito.

Para ejemplificar lo anterior, el grupo trajo a colación un caso de interceptación telefónica ocurrida en marzo de 2018, la cual fue reconocida como un “error” de la autoridad judicial. Dicha grabación se habría filtrado a los medios de comunicación, “con el propósito de promover una percepción de culpabilidad del expresidente”.

Así las cosas, los juristas concluyeron en su llamado señalando que: “El lawfare contra Uribe representa el mayor desafío para el sistema judicial en Colombia”.