Fiscalía llamó a juicio a Carlos Ramón González por entramado de corrupción de la Ungrd

El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia radicó un escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

La acusación se enmarcó dentro de la macroinvestigación que se siguió por los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Los elementos probatorios indicaron que González Merchán, entre septiembre y octubre de 2023, habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd Olmedo López, para pagar sobornos con recursos provenientes de la contratación de la entidad a los entonces presidentes del Congreso de la República, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

En este sentido, se le atribuyó haber ordenado la entrega de $ 3000 millones con destino al senador Name, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova.

Por otra parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Pinilla, trasladó a Montería, municipio de Córdoba, 1000 millones de pesos con destino al representante Calle.

Los dineros comprometidos provenían de un contrato para el suministro de 40 carro-tanques destinados al transporte de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira.

Desde el pasado 22 de septiembre, la Fiscalía confirmó que aprobó y publicó notificación roja de Interpol contra González, quien se encuentra prófugo de la justicia colombiana desde hace varios meses.

La situación judicial del exdirector del Dapre se consolidó el pasado 4 de septiembre, cuando el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en su contra, desestimando la apelación de su defensa, que calificaba las acusaciones como “calumnias sin fundamento”.

La ejecución de la orden de captura y la circular roja se enfrenta a un obstáculo mayor: el 20 de agosto, el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, le otorgó asilo político a González, argumentando que es un perseguido político. Esta decisión generó una crisis diplomática con Colombia.

Bogotá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, protestó formalmente la medida. La canciller, Rosa Villavicencio, señaló que el asilo “no debe favorecer la impunidad” y recordó la existencia de un tratado de extradición firmado con Nicaragua en 1929 para delitos comunes.