Fiscalía llama a juicio a 9 exmilitares por torturas a civiles durante el Holocausto del Palacio de Justicia

Después de 40 años de que Colombia viviera el Holocausto del Palacio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a un total de nueve militares en retiro para responder por el delito de tortura agravada frente a estos hechos.

La decisión responde a las investigaciones que se llevaron a cabo tras la toma del Palacio por parte del M-19, que dejó un saldo de 100 personas muertas y más de diez desaparecidos.

Así las cosas, la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra los exmilitares involucrados, quienes habrían detenido y torturado a varios ciudadanos bajo la presunta justificación de que eran “sospechosos”.

De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a la parte civil en medio de este proceso, los casos responden al de las víctimas: Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino -entonces estudiantes de la Universidad Externado-, así como del abogado Orlando Quijano y del funcionario público José Vicente Rubiano, entre otros.

En cuanto a los exmilitares que fueron llamados a juicio se encuentran: Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón.

“La Fiscalía proferirá resolución de acusación en contra de dichos involucrados como coautores impropios del delito de Tortura, artículo 279 del Decreto 100 de 1980 (artículo 178 de la Ley 599 de 2000), en virtud de los actos de tortura física, moral y psicológica”, dicta la resolución de acusación.

Según mencionó Cajar, la Fiscalía resaltó “la importancia de los documentos del Ejército que se han recopilado en la actuación (Plan Tricolor 83 y manuales) y cómo la aplicación de lo que en ellos se disponía implicó la vulneración de los mínimos derechos humanos e incidió en los procesados para acometer las torturas”.

Al respecto, el cofundador del colectivo y representante de víctimas en el ámbito nacional e internacional, Rafael Barrios, celebró la decisión de la entidad y destacó la importancia de que la investigación siga su curso.

“Es una decisión histórica, por la cual las víctimas han esperado por cuatro décadas y que valida la verdad que siempre han defendido”, dijo Barrios en principio.

Y continuó: “Sin embargo, insistimos en la necesidad de que la justicia investigue a fondo la cadena de mando que permitió este patrón de tratos crueles y tortura, tal como lo argumentamos desde la parte civil. La defensa de los derechos humanos en Colombia exige el esclarecimiento total de estos hechos y la sanción de todos los responsables, especialmente de quienes dieron la orden”.