Ángela María Buitrago, Ministra de Justicia: “Es fácil decir que todas las extorsiones son desde cárceles, pero no es así”

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en la tarde del martes 4 de marzo participó en el Precongreso del Derecho Procesal, Capítulo Cali. El evento ocurrió en la Universidad Santiago de Cali y en medio de su agenda sacó un espacio para dialogar con El País sobre su gestión, confesar sus preocupaciones y contar qué ha pasado en el Gobierno después de los cambios en varios ministerios.

Usted es una de las ministras que sobrevivió al remezón del gabinete del presidente Petro. ¿Cómo está el Gobierno actualmente?

El Gobierno está muy bien. Seguimos trabajando y pensando en cómo solucionar los problemas a los colombianos.

El Gobierno, como digo yo, tiene situaciones que ha debido afrontar y las ha hecho de manera frontal. Hay cosas que algunas veces salen bien y otras no tan bien, pero sin lugar a dudas tenemos la intención de acertar en cada política que se da por cada uno de los ministros y de sus Ministerios.

Desde ese punto de vista también tenemos la capacidad de rectificar y generar crítica constructiva. Creo que los ejercicios que ha hecho el presidente Gustavo Petro de criticar las labores que se hacen desde algunos ministerios o cuestionar algunas políticas, es parte de una autocrítica que es válida y que lo que quiere es acertar en la política general de manejo, prevención y contención.

“El delincuente apresura su paso y la Justicia demora su acción”, esa fue su frase cuando se estaba refiriendo a la corrupción que hay al interior de las cárceles. ¿Por qué la dijo?

Porque históricamente el delincuente va un paso adelante de las normas y de la justicia. Por esa razón hay que articularse muy bien para poder generar un empate técnico entre la delincuencia y la Justicia.

Esto nos lleva a que nosotros entendamos que entre mayor articulación y más posibilidad de entender cómo nos ayudamos mutuamente, también significa tener mayor posibilidad y rapidez para enfrentar a la delincuencia.

Esta semana su Ministerio y la Gobernación del Valle pusieron en marcha un plan piloto de lucha contra la extorsión. ¿Cómo nació esta propuesta?

La iniciativa nace a raíz de una visita que hicimos nosotros al departamento en la COP16. Realizamos una reunión con la Gobernadora para contarle algunos temas sobre Centros Transitorios de Seguridad y allí encontramos muchas afinidades relacionadas con lo que nos preocupa de los centros de detención y de los centros carcelarios.

Estuvimos viendo algunas de las posibilidades que tiene el Ministerio de Justicia, no solamente con lo que tiene que ver con la articulación con la rama judicial, Fiscalía y demás entes territoriales, sino que empezamos a ver las necesidades que tienen algunos centros de la ciudad.

Así fue como inició una relación con la Gobernadora en donde decidimos hacer un piloto de trabajo a través de una serie de proyectos, en donde buscamos mirar cómo podemos, desde el Ministerio de Justicia y la Gobernación, lanzar políticas públicas que permitan articularnos y evitar, no solo la extorsión desde las cárceles, sino todo lo que es el entorno y los grupos delincuenciales que hay dentro y fuera de los penales.

Le apostamos no solamente a que funcionen los centros carcelarios, sino a que también haya acceso a la justicia, denuncias, que se investiguen los hechos y se condene a las personas que están colocando en riesgo a la comunidad del Valle del Cauca.

Usted afirma que ya se han identificado algunas necesidades en los centros penitenciarios. ¿Cuáles?

En los centros penitenciarios hay muchas necesidades desde el punto de vista humano, de infraestructura, de resocialización y a eso le estamos haciendo una apuesta mirando cada uno de los centros.

Eso sí, debo reconocer que hay centros penitenciarios muy viejos en el departamento, por lo que requieren algunas adecuaciones.

También le estamos apostando a la utilización, en diferentes zonas del país, de quienes ya están a punto de cumplir la pena para que nos ayuden realizando obras de trabajo social. Esto significa demostrarle a todos que estas personas quieren ser útiles para la sociedad.

Todos estos aspectos lo que permiten decir es: ¿Cómo enfocamos nuestra energía más allá de la pena, de la sanción? También buscamos mirar cómo evitamos que se siga delinquiendo dentro de los centros carcelarios.

Hay que entender que debemos proteger los derechos de las personas que están en reclusión y seguir generando oportunidades. Pero también debemos seguir pensando que los reincidentes y quienes violan estas reglas necesitan ser nuevamente sancionados e investigados porque ellos están decidiendo seguir delinquiendo. Eso es una reincidencia dura y pura.

Los centros carcelarios del Valle del Cauca tienen muchos años y, aunque tienen un bajo hacinamiento, debemos mirar la forma en la que podemos redistribuir a estas personas.

¿Hay algún plan que se haya acordado para reducir el hacinamiento en las cárceles del Valle?

Tenemos varias opciones. Incluso en los Centros Transitorios hay una oportunidad, pero estamos esperando a ver si logramos entregar unos centros carcelarios este año.

Adicionalmente, estamos viendo la posibilidad de realizar jornadas jurídicas que permitan establecer qué personas han cumplido con el tiempo necesario para salir de prisión o cuáles tienen penas largas por cumplir dentro de los centros carcelarios.

En qué consisten estas jornadas jurídicas. ¿Buscan dejar en libertad a personas que estén cerca a cumplir su condena?

Cuando hablamos de las jornadas jurídicas nos referimos a un espacio que se hace con Defensoría Pública y con consultorios jurídicos en donde se miran las carpetas de las personas que están detenidas y se evalúa si ya cumplieron requisitos para obtener la libertad condicional o, si por rebaja de penas y haber trabajado, ya ha cumplido cierta parte de la condena y obtendría beneficios para que puedan lograr la libertad anticipada por el descuento punitivo que tiene el día de trabajo. Tres días de trabajo significan un día menos de cárcel.

Esto lleva a que en el Inpec y en los centro carcelarios se necesita un refuerzo muy importante en la parte jurídica, por lo que en algunas ciudades hemos tenido convenios con los alcaldes y gobernadores para hacer jornadas jurídicas.

¿Como Ministra de Justicia usted queda tranquila si una persona que participó de estos programas queda en libertad condicional anticipadamente?

Yo quedo tranquila porque es la ley, pero además tiene el derecho y ha hecho todo lo necesario para salir libre. Lo que sí me intranquiliza es que por falta de recursos y por falta de abogado esas personas tengan que pagar más pena y pasar más tiempo en la cárcel que al que en realidad fueron condenados.

Los gobernadores han sido muy enfáticos al señalar que la mayoría de las extorsiones que se realizan en el país vienen desde las cárceles. ¿Usted qué piensa al respecto?

La extorsión es un fenómeno mundializado y aquí en Colombia lo están utilizando todos los grupos delincuenciales, lo que lleva a que se haga una investigación cierta y clara de cuáles son los fenómenos y desde dónde está surgiendo la extorsión.

Cuando llegué al Ministerio de Justicia, no me canso de repetirlo, todo el mundo decía que la extorsión ocurre solo en las cárceles, pero no es así. Vaya y pregunte cuál es el nivel de extorsión en los centros penitenciarios. Resulta que en la calle están extorsionando, en las plazas, en los centros comerciales y en la ruralidad también lo están haciendo.

En muchas ocasiones esta también puede ser una disculpa para no investigar hacia afuera. Por eso yo siempre digo que necesitamos establecer desde qué punto o dónde se están cometiendo extorsiones. Hay que investigar, pues es muy fácil atribuirlo a un solo sitio, pero estamos viendo que es un fenómeno común en cualquier parte de Colombia.

¿Cuál es su principal preocupación hoy como Ministra de Justicia?

La de poder prestarle un servicio al país como parte del Gobierno y como parte de un programa en donde queremos que haya acceso y mejoras a la justicia.

Queremos que se trabaje en torno a los Derechos Humanos porque esto es una garantía de acceso a la justicia y, sobre todo, que se articulen muy bien las instituciones que están bajo diferentes ropajes como lo son la rama judicial, la Policía, el Ejército y los ministerios.

También hay que pensar en las víctimas, en los desaparecidos. Son muchas políticas que al tiempo tiene el Ministerio de Justicia y sobre todo lograr erradicar la droga que es uno de los fenómenos más duros y conflictivos del país.