A la cárcel exfuncionaria del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá por corrupción en la entrega de contratos

Claudia Patricia Otálora Cano, quien fuera hace más de una década la jefe de la Oficina Asesor de Planeación del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), fue condenada a 11 años de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

De acuerdo con la Fiscalía, la exfuncionaria no solo aprovechó su cargo, sino también haber hecho parte del Comité de Adjudicaciones del IDU, para realizar varias actuaciones irregulares en los procesos de contratación de diferentes obras públicas ejecutadas en la capital del la República.

“En ejercicio de su cargo, participó en el direccionamiento de cinco contratos financiados con recursos de valorización, con el propósito de beneficiar a dos contratistas específicos”, explicó Martha Alejandra Parra Chavarro, directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía.

Los hechos transcurrieron desde el 2009, cuando la Alcaldía de Bogotá inició los procesos licitatorios de varias obras, como lo son dos ciclo puentes, una calzada de la avenida La Sirena (Calle 153), varios andenes, tres puentes peatonales y la intersección del deprimido que está ubicado en la Calle 94.

En total, estas construcciones alcanzan un monto de $ 84.000 millones, que sería el valor direccionado por la exfuncionaria con su actuar ilícito.

Las conductas anómalas de la exjefe de la Oficina Asesora del IDU, y que fueron constatadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, son variadas. Por ejemplo, como se conocerá, los procesos contractuales con el Estado requieren de una evaluación de varios oferentes para escoger la mejor empresa o consorcio que construirá la obra.

En efecto, a estos proyectos se presentaron diferentes entidades, pero la señora Otálora Cano entregó información reservada del proceso de selección adelantado por el Comité de Adjudicaciones del IDU a los aspirantes favorecidos para que estos pudiesen hacer los ajustes y mejorar sus propuestas de forma acorde a lo que buscaba la entidad.

A la par, se limitó la participación de otros oferentes con propuestas sólidas para que estos no pudiesen quedarse con el contrato. También hubo “fallas en la fase de planeación relacionadas con estudios y diseños incompletos y deficiencias en la elaboración de los presupuestos”, agregó la directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía.

Con todas las pruebas, la Fiscalía se presentó en el proceso en contra de la exfuncionaria, luego de lo cual se logró la condena por parte de un juez penal de conocimiento de Bogotá.

Adicionalmente, este le impuso una multa equivalente a 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), es decir, un total de $ 150,8 millones de pesos; además, la mujer quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos en Bogotá y el país durante los próximos 127 meses.

El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá ha sido cuna de muchas irregularidades en la última década y en sus años anteriores. No en vano han sido capturados varios exfuncionarios de la entidad, como la exdirectora Liliana Pardo y el exdirector Andrés Camargo, entre otros.

Por su parte, la Fiscalía ha tenido unos movidos días recientes en lo que tienen que ver con sus investigaciones contra la corrupción. Uno de sus procesos más sonados es el del escándalo de Odebrecht, en el cual presentó escrito de acusación este 1 de noviembre contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga.

El ente investigador afirmó que las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga conocía que recibir financiación de fuentes internacionales era ilícito. “Presentó ante la autoridad electoral los informes de ingresos y gastos de primera y segunda vuelta sin reportar la contribución económica de Odebrecht. Así obtuvo por concepto de reposición de votos más de 25.291 millones de pesos”, sostuvo la entidad.