Llamado de atención de la Fiscalía a la JEP, por demoras en procesos sancionatorios en contra de comparecientes ante la JEP

Este martes, se dio a conocer un documento remitido por la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Especial Para La Paz, sobre la creciente preocupación del ente, en relación al cierre judicial definitivo de los procesos penales existentes contra los comparecientes ante la JEP, especialmente de los firmantes del Acuerdo de Paz, por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

En el texto, la JEP señala que 17 informes daban cuenta sobre distintos fenómenos delictivos ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano.

“En ellos, se reportó un inventario que evidenciaba un total de 223.282 casos identificados, con 280.471 indiciados y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Estos informes, junto con otros que entregaron autoridades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, de víctimas y de derechos humanos, fueron los insumos principales para que la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP (SRVR), ordenara la apertura de 11 macrosasos”.

No obstante, según la Fiscalía, solo unos pocos comparecientes y a una pequeña porción de los casos judiciales, fueron tenidos en cuenta. Esto, dado las enormes cifras que han representado los casos registrados en expedientes de la Jurisdicción Ordinaria, resulta preocupante para el organismo.

Y es que las decisiones que ha adoptado la SRVR no incluyan la totalidad de las investigaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que abarca, -tan solo poniendo un ejemplo, el macrocaso 01, ‘Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP’-, ni la totalidad de indiciados o vinculados con su comisión, lo cual deja a esas actuaciones sin un cierre judicial y en indefinición la situación jurídica de los procesados.

Dicho ejemplo, Macrocaso 01, reportó un total de 6.162 investigaciones atribuibles a las FARC-EP, que agrupan 8.163 víctimas v 4.314 procesados; y un primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas con un universo total de 21.396 víctimas, de las cuales, tan solo 4.052 han sido acreditadas.

Así, la Fiscalía reiteró su completa disposición de trabajar y articularse de manera vigorosa con la magistratura de la JEP, como un aliado para el cumplimiento del mandato de la justicia transicional.

Ahora bien, sobre la definición de la situación jurídica de los comparecientes, la Fiscalìa reveló en el documento, las cifras públicas de la JEP, a 31 de mayo de 2025, que indican que de un total de 15.020 comparecientes que han suscrito acta de sometimiento, 9925 corresponden a ex miembros de las extintas FARC-EP, de los cuales alrededor de 9.689 recibieron amnistía de iure por delitos políticos y 179 han recibido amnistías otorgadas por la Sala de Amnistía o Indulto para los delitos en los que procede.

“Como resultado de lo anterior, se advierte que la falta de decisiones completas y definitivas, emitidas en un plazo razonable por parte de la SRVR, puede generar un desbordamiento de las capacidades de otros órganos de la JEP, especialmente, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Este órgano, que dentro del esquema judicial de la JEP, deberá resolver la mayoría de los casos de los comparecientes sometidos a la JEP14, sin que se observe una ruta clara de selección negativa que permita la toma de decisiones de cierre definitivo de manera masiva”.