¿Se podría quedar el Gobierno sin efectivo? Esto dicen los expertos

La caja menor del Gobierno Nacional se mantiene en niveles críticos y podría afectar la liquidez disponible para cubrir pagos esenciales como los salarios a los funcionarios, las pensiones y las transferencias a otras entidades.

El pasado 8 de agosto, este indicador se ubicó en $ 1,8 billones, un mínimo histórico, dado que el monto promedio es de $ 20 billones. Y aunque para el 5 de septiembre el monto de esa caja aumentó a $ 3,4 billones, la cifra sigue prendiendo las alarmas en el país.

Expertos advierten que una caja agotada podría generar preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Ejecutivo para ejecutar su plan de gobierno.

Explican que la caja menor es como una cuenta de ahorros de la cual la Administración central saca el dinero día a día para el pago de sus obligaciones, pero sin efectivo, el margen de maniobra sería muy estrecho.

Juan Diego Lobo, profesor de la Universidad EAN, señala que lo que viene haciendo el Gobierno Nacional es sacrificar caja, es decir, el dinero líquido (efectivo), para tratar de balancear sus operaciones de deuda.

“Digamos a grandes rasgos: cuando uno está con el dinero que tiene previsto que necesita a lo largo del mes y al mismo tiempo tiene ciertas necesidades de endeudarse. Por ejemplo, uno quiere comprar un carro, pero además tiene que pagar cuotas de administración, créditos anteriores, entonces uno termina abrochándose el cinturón, es decir, sacando del ingreso del diario -haciendo el símil-, para mandarlo al manejo de la deuda. Eso mismo está pasando con el Gobierno”, dice.

El problema es que “la escasez de caja puede implicar que haya congelamiento o cese de funcionamiento de ciertas partes del Gobierno, de ciertos programas o iniciativas que requieren de estos flujos altamente líquidos”, agrega.

Alejandro Useche, docente de la Universidad del Rosario, afirma, a su vez, que en la actualidad el Ejecutivo colombiano enfrenta una de sus más grandes crisis en términos de liquidez presupuestal.

“Esto, por supuesto, genera preocupación no solo para el Gobierno, también para empresarios, entidades financieras, inversionistas y el sector externo, que están muy pendientes de cómo avanza esa capacidad de pago de los compromisos del Gobierno y de sus posibilidades de seguir con sus gastos normales, necesarios para su funcionamiento”, explica.

Según el profesor, esta situación obedece a que, por un lado, los ingresos no son los suficientes y, por el otro, que es el más preocupante, que ha aumentado el gasto público, sobre todo, gastos administrativos y de funcionamiento, lo que se ha visto reflejado en una mayor deuda y en un alto crecimiento del déficit fiscal.

En junio de este año, la deuda externa de Colombia cerró en 207.036 millones de dólares (49 % del PIB).

Entre tanto, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, GNC, en el primer semestre de 2025 alcanzó un 3,7 % del PIB, el nivel más alto para ese período desde que se tiene registro y se estima que el déficit de 2025 llegue al 7,1 % del PIB.

A lo anterior se suma que el Gobierno Petro incumplió la regla fiscal, es decir, los topes de gasto. “Haber quebrado esa regla y gastar más de lo que debía nos está llevando, como país, hoy a una deuda muy alta y a la situación de iliquidez más grave de la historia”, asevera Useche.

Llama, además, la atención en cuanto a que la falta de liquidez representa un riesgo muy grande para la financiación de proyectos de infraestructura en el país, teniendo en cuenta que ya hay comprometidas vigencias futuras para obras como el Metro de Bogotá.

Pero también hay temor de posibles incumplimientos de pagos de deuda por parte de la Administración central, lo que no ha sucedido aún.

Por eso, para Useche, un debate que cobra vigencia en medio de esta coyuntura económica es el de la lucha contra la corrupción y la burocracia, para reducir los gastos innecesarios del Ejecutivo, pero también “la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos, con el fin de aumentar el recaudo”.

Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, expresa así la gravedad de la falta de liquidez: “El Gobierno Nacional se gasta unos $ 30 billones al mes, es decir, un billón de pesos por día, si ahora tiene siete o tres billones en caja, esto significa que solo tiene plata para pagar tres o siete días, en cada caso”.

Aclara que esto, suponiendo que no haya nuevos ingresos. “Pero al Gobierno todo el tiempo le entran nuevos recursos por impuestos, lo que pasa es que, asimismo, todo el tiempo está gastando”.

Henry Amorocho, docente de la Universidad del Rosario, sin embargo, precisa que el efectivo no solo se trata de liquidez, de dinero en el tesoro, sino también de todas aquellas posiciones de activos, incluidos títulos valores, que pueden ser redimibles en un momento si se llegara a necesitar liquidez.

Frente a la caída de los ingresos por impuestos, según dice, la Dirección de Crédito Público ha tenido que recurrir a la recompra de títulos de deuda, lo que le ha llevado a utilizar $ 27 billones de la caja. “La reducción del efectivo está asociado al programa de recompra de deuda, para evitar que suban las tasas de interés de los TES, al tiempo que ha impactado el mercado del dólar, cuya tendencia ha venido disminuyendo en los últimos días”, puntualiza.

Según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, los gastos entre los años 2018 y el 2024 tuvieron un crecimiento del 18,7 % al 23,2 %.

Sin embargo, los ingresos solo subieron de 16,2 % del PIB a 16,5 % para el mismo período. “Es decir, mientras el gasto sube al 4,5 % del PIB, los ingresos suben el 0,3 %. Ahí está el grave problema de caja líquida, porque el gasto ha sido superior al ingreso”, precisa Amorocho.

En conclusión, destaca que en el análisis de caja hay dos cosas importantes: “Los ingresos han crecido, pero de manera mínima, y los gastos han aumentado muy alto, generando un rezago presupuestal, en el cual se tiene simplemente una ejecución pasiva de tipo contractual que no cuenta con el respaldo en efectivo en el Presupuesto”.

Los desafíos

Isaac Niño Duarte, CEO Isnandia Global, coincide en que el nivel de caja disponible de la Administración central ha llegado a mínimos históricos, tocando el equivalente aproximadamente al 0,4 % del PIB al cierre de agosto de 2025.

Desde 2004 no se registraba un flujo de caja tan bajo. En términos de PIB, los gobiernos entre 2004 y 2022 mantuvieron, en promedio, una caja cercana al 2,0 %, aseguró.

Pero, según el analista, el déficit fiscal de los últimos doce meses ya supera el 7,5% al cierre de mayo, cuando el Marco Fiscal de Mediano Plazo preveía que no superaría el 7,1 %.

El aumento del recaudo por impuesto de renta ronda el 2,5 % en lo corrido del año y, en contraste, el crecimiento del gasto público supera el 13,5 %.

“Ese desfase se ha cerrado endeudando al país. La deuda se ha convertido en la principal fuente de financiación del gasto público. ¿Pero, quién nos está prestando? Los inversionistas extranjeros no son, han reducido su participación en la deuda local del 27 % al 17 % en los últimos tres años. Son los inversionistas locales los que han cubierto el déficit”, comenta.

Añade que “la caída de algunos motores clave de la economía, como la construcción, la inversión extranjera directa y la inversión pública en infraestructura, sugiere que no estamos sembrando hoy para poder cosechar mañana”.

Advierte también que si el recaudo del impuesto de renta de las personas naturales no aumenta, lo que ayudaría a recomponer en algo el flujo de caja, “la probabilidad de un impago de pensiones y salarios de los empleados del Gobierno se puede dar, lo que podría generar una protesta y paralización general del país”.

Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, reconoce que hay preocupación por el nivel de caja, pero recalcó que el Ejecutivo está accediendo a unos recursos importantes a nivel internacional, con una reciente emisión de 4100 millones de euros.

Lo anterior implicaría que con esto obtiene unos recursos para el flujo de caja en lo que resta del año. Sin embargo, para López la gran pregunta es: ¿qué tanto de esa emisión se va a usar para financiar el gasto corriente de este año y qué tanto se va a utilizar para una operación de manejo de deuda, sacando de circulación bonos que el mismo Gobierno ya compró?

De tal suerte, señala “que los interrogantes no van solo en la dirección de cuánto es la caja en lo que resta del año, sino hacia 2026, cuando esté cerrando el Gobierno, o cómo estas operaciones de financiamiento pueden presionar la caja del siguiente Gobierno”.

Para César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, la situación de liquidez de la Administración central afecta la confianza. “El Gobierno no tiene ni cómo cubrir los pagos del día a día, pero a la vez tiene cada vez menos margen de endeudarse para pagar sus compromisos estructurales”.

Asegura que esto genera incertidumbre, lo que se ve reflejado en las altas tasas de interés que está pagando hoy en día el Gobierno por sus deudas y, aunque se ha corregido en sus días recientes frente al histórico, se sigue viendo alto.

Ajuste fiscal

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) analizó el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, con especial énfasis en la proyección de gasto fiscal.

La entidad sugiere que cumplir con la meta de déficit fiscal aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para 2026, de 6,2 % del PIB, requiere un ajuste fiscal de $ 45,4 billones (2,4 % del PIB).

Dijo también que el proyecto de PGN 2026 refleja un crecimiento real superior al promedio histórico, con un monto de $ 557 billones. El gasto en funcionamiento del proyecto presentaría un crecimiento real de 10,3 %.