Gremios defienden modelo de concesiones portuarias: hacen balance de lo que le ha dejado a Colombia

El anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro, durante el consejo de ministros de la noche del lunes, sobre que cambiaría totalmente la administración de los puertos en el país, desató una serie de reacciones de diferentes gremios.

Con el argumento que estos lugares están bajo el amparo del narcotráfico y el contrabando, el Mandatario señaló que “llegó la hora de cambiar completamente su administración, pues en las ciudades donde se encuentran viene aumentando la violencia”.

Aunque no anticipa cómo sería el cambio propuesto, ya la iniciativa genera rechazo. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que lo dicho por el presidente Petro pone en riesgo la administración privada de los puertos del país y envía una “pésima” señal a los inversionistas.

“Las amenazas de nacionalización de puertos y aeropuertos no solo es ilegal sino que es una pésima señal para los inversionistas que han creído en el país y aumenta las preocupaciones para las nuevas inversiones”, dijo el líder gremial.

Agregó que “en el caso de puertos y aeropuertos Colombia cuenta con instalaciones que son ejemplo mundial de competitividad, eficiencia y operatividad, el sistema de aduanas del Estado es hoy el responsable del control del contrabando”.

Para José Fernando Amezquita, director de Analdex, capítulo Suroccidente, las declaraciones del Presidente reflejan el desconocimiento al papel que ha jugado el sector privado en la inversión y la administración “con mirada de conectividad, productividad, eficiencia y competitividad portuaria, para potencializar estos emplazamientos”.

Agregó que “nacionalizar los puertos no es una solución, más en un escenario en el que el Gobierno está en la búsqueda de direccionar inversiones hacia este sector. Vale bien la pena contrastar el discurso más desde lo práctico que desde lo ideológico, analizando cifras y datos. Vincularse a la iniciativa China de la franja y la ruta de la seda, coloca en juego las alianzas con los principales socios comerciales que el país ha venido fortaleciendo y que hoy demandan en proporción considerable nuestros productos”.

Al respecto, Víctor Julio González, director del Comité Intergremial de Buenaventura, aseguró que lo dicho por Petro denota falta de conocimiento e imprecisión en sus argumentos.

“Con la Ley 1 los puertos tienen un enorme blindaje, salvo que no cumplan con el plan de inversiones. El Presidente olvida que desde 1993, cuando entraron a operar los terminales a la fecha han invertido US$3000 millones y en tecnología para seguridad US$1000 millones, lo que cumple con los estándares aduaneros de países como Estados Unidos, Italia, Alemania y México”, sostuvo.

Igualmente, Javier Díaz, presidente nacional de Analdex Nacional, señaló que “si algo ha sido exitoso en el país, es el modelo de concesiones portuarias. El presidente Petro habla que el contrabando pasa por puertos y aeropuertos. Hay que entender que los usuarios operadores de los puertos y aeropuertos no controlan las mercancías, ellos hacen la parte la logística, el movimiento de las cargas, pero el control le corresponde a la Aduana, la Polfa y la Policía Antinarcóticos”.

Díaz señaló que el modelo portuario en el país ha demostrado una plena eficiencia, de hecho, afirmó que Cartagena es reconocida como uno de los mejores puertos a nivel mundial y “Buenaventura en la región tampoco se queda atrás. El problema no está en los puertos, sino en la Aduana, en la Polfa y en la Policía Antinarcóticos. Ahí es que hay que intervenir y actuar”.

El dirigente gremial afirmó que desde Analdex se ha propuesto que la Aduana sufra una transformación radical y transite hacia un modelo más parecido al de Estados Unidos, donde juega un papel de seguridad nacional, que ejerce control entre las fronteras.

“Nuestra Dian perdió su esencia cuando se juntó con impuestos, no controla las mercancías, sino que está viendo es el recaudo y ahí perdió su efectividad”, argumentó Díaz.

Por su parte, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, a través de un comunicado, afirmó que cambiar la administración de los puertos significaría un retroceso de tres décadas. “Basta con recordar la nefasta experiencia de Colpuertos, entidad estatal que controló la actividad portuaria hasta finales de los 80 en medio de controvertidos actos de corrupción y de evidentes ineficiencias operativas”.

En cuanto a las revisiones aeroportuarias que señaló el Presidente, Caicedo manifestó que “vale la pena aclarar que no existe correlación en la ejecución de un contrato aeroportuario con los indicadores que alude el Mandatario”.

Las zonas portuarias colombianas movilizaron en 2024 180,5 millones de toneladas, siendo la región Caribe la de mayor movimiento.

Antecedentes

- Antes de la Ley Primera de 1991, que estableció el modelo de concesiones portuarias, los puertos colombianos eran administrados por el Estado a través de Colpuertos, un sistema que se caracterizó por su baja inversión en infraestructura que implicó puertos poco profundos con limitaciones para su competitividad internacional.

- El modelo de concesiones plasmado en la Ley Primera de 1991 impulsó la modernización de la infraestructura y el nivel de servicio para atender la demanda orientada por la necesidad de internacionalizar la economía colombiana y sus empresas.

- Según datos de Analdex, el modelo de concesiones multiplicó por 10 el movimiento de contenedores en el Pacífico, consolidando a Buenaventura como el puerto más importante de Colombia en comercio exterior. La zona portuaria del Pacífico ocupa la posición 44 en el ‘Container Port Performance Index’.