Quienes pagan arriendo podrían evitar algunas multas de acuerdo con la ley colombiana

Si se vive en arriendo, especialmente en conjuntos residenciales o edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, hay un aspecto clave que a toda persona le puede interesar conocer.

En Colombia, cerca del 30,1 % de los hogares ocupan viviendas arrendadas, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveladas en 2023.

Además, de acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción, alrededor del 40% de las viviendas en propiedad horizontal están bajo contrato de arrendamiento.

Habitar en estas unidades residenciales trae múltiples ventajas, como mayores condiciones de seguridad y espacios diseñados para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, también implica acatar los reglamentos internos que establecen las normas de convivencia entre vecinos.

Lo que dice la ley

Precisamente, la Ley 675 de 2001, conocida como Ley de Propiedad Horizontal, regula la organización y funcionamiento de este tipo de inmuebles. Allí se estipula que tanto propietarios como arrendatarios tienen la obligación de cumplir con las disposiciones establecidas en el reglamento de la copropiedad. En caso de infringirlas, el proceso disciplinario debe seguir unos lineamientos claros establecidos por ley.

Un punto importante que a menudo se desconoce es que el administrador de la unidad residencial no puede imponer sanciones de manera unilateral. Solo la asamblea general de copropietarios o el consejo de administración, según el reglamento, tienen la facultad de aprobar o imponer sanciones.

Si se actúa al margen de este procedimiento, el afectado puede recurrir a mecanismos legales como la acción de tutela para alegar vulneración del debido proceso y, eventualmente, lograr que se anule la sanción.

Así, aunque a veces se considere un “beneficio”, en realidad se trata de un derecho fundamental de quienes viven en propiedad horizontal, incluidos los arrendatarios, a que cualquier medida sancionatoria respete el debido proceso.

Esto significa que, antes de imponer una multa, debe existir un procedimiento reglado, con la posibilidad de presentar descargos y garantías mínimas de defensa.

Según la ley y lo que se ha establecido, es que si una persona vive en arriendo dentro de una copropiedad, debe tener muy en claro que tiene obligaciones en cuanto a acatar las normas del conjunto residencial; pero también está amparado por la ley para exigir que cualquier sanción se tramite conforme a lo establecido, evitando así cobros indebidos o decisiones arbitrarias.