Comprar vivienda en Colombia será más costoso: así impactará la nueva medida del Gobierno

El sector inmobiliario en Colombia enfrenta nuevos desafíos tras la expedición del Decreto 0572 de 2025, una medida tomada por el Gobierno nacional que modifica las tarifas de retención en la fuente para distintas actividades económicas, incluyendo la gestión y compraventa de bienes inmuebles. El ajuste fiscal busca anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta del año 2026.

Con esta decisión, el Ejecutivo pretende aliviar el déficit fiscal del país, el cual supera el 6,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un faltante estimado de más de 12 billones de pesos. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esta estrategia podría generar ingresos adicionales por 7 billones de pesos, lo que representaría el 0,4 % del PIB.

Sin embargo, la medida ha generado inquietud en el sector vivienda. La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) advirtió sobre los efectos negativos que traerá el incremento de las tarifas de autorretención, particularmente en las actividades clasificadas bajo el código CIIU 6820, relacionadas con operaciones inmobiliarias.

A partir del 1 de junio, la tarifa de autorretención pasó del 1,1 % al 3,5 %, lo cual implica un aumento significativo en la carga tributaria para empresas y personas dedicadas a la compraventa de inmuebles. Además, se reduce el umbral exento de retención en operaciones entre particulares, impactando directamente el bolsillo de quienes compran o venden vivienda.

Los efectos de la decisión no se limitan a los compradores o vendedores. Según Fedelonjas, también se incrementa la carga operativa para entidades como notarías y fiduciarias, que deberán adaptar sus procesos a las nuevas obligaciones tributarias. El gremio considera que esta medida podría ralentizar el mercado inmobiliario, afectando la dinámica de un sector que ya enfrenta retos económicos importantes.

Ante el panorama, Fedelonjas pidió formalmente la revocatoria del decreto, argumentando que este tipo de reformas, sin una concertación previa con los actores del sector, puede tener consecuencias graves en la reactivación económica.

Varios líderes gremiales y expertos tributarios se han unido a esta solicitud, señalando que el aumento de la autorretención desincentiva la inversión y encarece los trámites relacionados con la adquisición de vivienda nueva o usada.

Mientras tanto, compradores, vendedores, constructoras y agentes inmobiliarios deberán ajustarse a las nuevas disposiciones fiscales, en un escenario que anticipa transformaciones importantes en la dinámica del mercado inmobiliario nacional.

Las nuevas tarifas de autorretención y la reducción en el umbral exento de retención representan un desafío tanto para quienes comercializan inmuebles como para quienes buscan adquirir vivienda. Notarías, fiduciarias y agentes del sector también enfrentarán una mayor carga operativa al momento de realizar los trámites correspondientes.