Turista italiana comió carne de iguana en Valledupar: su video desató una polémica en redes sociales

“Quería probar la iguana desde hace muchísimo tiempo”, es la polémica frase que dice una ciudadana italiana en un video que ha generado rechazo en redes sociales. La mujer grabó el clip en el río Guatapurí, en Valledupar, Cesar, desde donde mostró un plato preparado con carne del reptil.

“Vamos a ver qué tal, estoy muy curiosa por el sabor”, asegura la extranjera conocida en redes sociales como Sari la italiana poco antes de describir el plato como “delicioso”.

Incluso, explica que el sabor de la preparación que probó se asemeja bastante al pollo. “El sabor se parece al del pollo, pero me encanta porque es con coco”, añade.

Aunque en su publicación la extranjera reconoció que se trata de una comida “exótica”, aparentemente, ignoraba que la caza de estos animales es ilegal en Colombia.

La publicación de la mujer, que ya supera los 10 mil me gusta y los 500 comentarios, ha provocado controversia entre los usuarios de TikTok, pues, aunque hay quienes defienden esa práctica, otros advierten que es ilegal.

“No apoyes eso, es ilegal” y “es una especie silvestre, está prohibida su caza y comercialización”, son algunos de los comentarios que se leen en el video que la extranjera hizo público en su cuenta de TikTok.

Mientras tanto, otros internautas defienden que Sara acababa de probar un plato típico de los departamentos del Cesar y La Guajira, por lo que sería costumbre consumir “iguana mechada” en esa zona de Colombia.

Lo cierto es que la explotación de fauna silvestre sí está penalizada por el Código Penal de Colombia. Puntualmente, en su artículo 328, la norma establece sanciones para quienes aprovechan de forma ilícita los recursos naturales renovables.

Dichas sanciones están relacionadas con el tráfico de fauna, además de la caza y comercialización ilegal de especies silvestres, como son las iguanas y otras especies como tiburones, rayas o quimeras.

De hecho, la norma establece duras sanciones para quienes capturen, exploten, comercien, trafiquen o se beneficien “de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana”.

Según el artículo 328 del Código Penal, estas personas se exponen a una pena en prisión de 60 a 135 meses (es decir, entre cinco y once años), además de una multa que oscila entre 134 y 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.