Supersalud se pronunció sobre imputación a expresidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona: “Es apenas la punta del iceberg”

Continúa la polémica por las revelaciones de irregularidades en el sistema de salud, el superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, aseguró que la imputación de cargos realizada por la Fiscalía contra el expresidente de la Nueva EPS José Fernando Cardona y otros funcionarios es “la punta del iceberg” del desvío de dineros.

Rubiano aseguró que “esto confirma que la medida de intervención a la Nueva EPS está dando resultados concretos al país. De comprobarse la presunta alteración de los estados financieros, podríamos estar hablando del mayor fraude contable en el sector”, advirtió.

Y es que según la información que la Fiscalía reveló en las audiencias, las irregularidades están alcanzando un desvío superior a los 70.000 millones de pesos y estos hacen parte de una estructura más amplia de alteración en la contabilidad.

La Superintendencia Nacional de Salud llevó ante la Fiscalía un paquete con información el pasado 16 de diciembre de 2024 importante que contribuyó a la investigación en curso. Gracias a dichos aportes el ente investigador formuló cargos por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.

“El ente acusador, precisó, según el acta de la audiencia que ‘este delegado (el fiscal) nunca dijo que la apropiación haya sido o que haya salido, sino que fue en favor de la misma Nueva EPS. (sic)’ Es decir, no hay enriquecimiento a favor del imputado, ni de terceros, ni para financiar campañas o para pagar facturas de pacientes fantasmas, sino a favor de la misma EPS”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.

De acuerdo con la investigación, entre 2019 y 2023, por instrucción de la gerencia de la Nueva EPS, se ordenó no procesar la totalidad de la facturación radicada por las Instituciones Prestadora de Salud (IPS). Esta situación generó que la información consignada en los estados financieros de la Nueva EPS en ese periodo no fuera real y fidedigna. La omisión en la totalidad de la facturación radicada ante la EPS ocultaba el alto grado de endeudamiento y el verdadero costo que tenía la entidad.

El ocultamiento de la información hizo incurrir en error a funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, quienes renovaron la autorización para que la EPS continuara prestando servicios de aseguramiento a sus afiliados.

Es decir, que esa entidad no informó su verdadero estado financiero y económico, todo con la presunta intervención de los imputados.

Por eso, el presidente de la entidad le indicó, tanto a la asamblea general como a la junta directiva, que la Nueva EPS estaba reportando utilidades, las cuales sometió a autorización para pagar pérdidas de vigencias anteriores por un valor de 70.000 millones de pesos; sin embargo, la realidad de la Nueva EPS era que generaba pérdidas año tras año.

Ninguno de los imputados aceptó cargos y no fueron enviados a prisión porque el juez del caso consideró que las solicitudes de la Fiscalía no cumplieron los requisitos mínimos.