Riesgo de quedarse sin pasaportes en Colombia desde septiembre; alerta de la Contraloría

Un nuevo riesgo institucional se cierne sobre el país, la posibilidad de que Colombia se quede sin pasaportes a partir de septiembre. La advertencia no es menor ni aislada. Fue emitida directamente por la Contraloría General de la República, a través de una alerta de control interno dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional.

El motivo de la preocupación está relacionado con la transición al nuevo modelo de producción, personalización y distribución de pasaportes, cuya ejecución presenta retrasos y falta de definiciones clave.

Según el ente de control, no hay claridad sobre los aliados estratégicos que participarán en el proceso, ni sobre los mecanismos para su selección.

En su comunicación oficial, la Contraloría señaló que, pese a la existencia de un convenio interadministrativo con Portugal firmado el pasado 18 de julio, no se han superado los riesgos que amenazan la continuidad del servicio.

Las demoras en el cronograma original y la ausencia de medidas concretas de alistamiento agravan la situación.

A ello se suma que el contrato actual con la empresa Thomas Greg & Sons, responsable de la producción de pasaportes, expira a finales de agosto.

A partir de ese momento, advierte el organismo, no existen garantías suficientes para asegurar la continuidad del servicio, lo que pondría en riesgo el derecho a la libre locomoción de los colombianos.

Uno de los puntos críticos señalados en el informe es que, aunque se haya firmado un memorando de entendimiento con el Gobierno portugués, se requiere un mínimo de siete a ocho meses de preparación antes de poder comenzar la producción efectiva.

Este plazo supera ampliamente el tiempo disponible antes del vencimiento del contrato vigente.

El contralor delegado para la gestión pública, Luis Enrique Abadía García, también manifestó preocupación por la falta de avances sustanciales en el proceso de transición.

El funcionario manifestó que, si no se adoptan medidas extraordinarias, el país enfrentaría una interrupción del servicio de expedición de pasaportes, afectando directamente a miles de ciudadanos.

La alerta está sustentada en una revisión del uso de los recursos públicos involucrados en el modelo y en el seguimiento a los compromisos adquiridos entre las entidades participantes.

No obstante, la falta de planificación y ejecución oportuna ha encendido las alarmas sobre una posible afectación directa a la ciudadanía.

La Contraloría instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a tomar acciones inmediatas para mitigar los riesgos detectados, garantizar la prestación del servicio y evitar una crisis operativa en uno de los trámites más solicitados del país.