Registrador advierte que consulta popular del Gobierno Petro no puede coincidir con elecciones de 2026

El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que la consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro no puede llevarse a cabo si coincide con otro proceso electoral, como las elecciones generales programadas para el año 2026.

Esta advertencia se dio en el marco del foro “Elecciones 2026: un acuerdo nacional por la transparencia”, donde se discutieron temas clave sobre la organización y desarrollo de los próximos comicios.

La propuesta de Petro ha generado un amplio debate en el país. Mientras el Gobierno la defiende como un mecanismo legítimo de participación ciudadana, sectores políticos y expertos han expresado dudas sobre su viabilidad y conveniencia.

Entre las principales preocupaciones están los costos que implicaría su realización y el impacto que podría tener en el panorama político y económico de Colombia.

Efectos de la consulta popular

A las advertencias del registrador Penagos se suman las inquietudes manifestadas por el procurador general, Gregorio Eljach, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.

Ambos funcionarios han señalado que la consulta podría traer consecuencias significativas para la estabilidad democrática y fiscal del país, en un contexto donde el equilibrio institucional y la sostenibilidad financiera son factores clave.

El señalamiento del registrador agrega un nuevo obstáculo a la iniciativa del Gobierno, que ahora deberá evaluar alternativas dentro del marco legal vigente.

La imposibilidad de realizar la consulta en paralelo con las elecciones de 2026 abre interrogantes sobre el futuro de esta propuesta y su impacto en la agenda política de los próximos años.

Y es que el posible desarrollo de una consulta popular en Colombia ha generado un intenso debate debido a sus implicaciones económicas y políticas.

Hernán Penagos advirtió que, de llevarse a cabo, el país se vería inmerso en procesos electorales con una frecuencia no usada, celebrando consultas de este tipo en menos de tres años.

Uno de los aspectos más críticos del debate ha sido el alto costo del proceso. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, señaló que la consulta podría representar un gasto de aproximadamente 700.000 millones de pesos, en un contexto de creciente endeudamiento estatal.

Rodríguez expresó su preocupación sobre cómo esta erogación impactaría las finanzas públicas, especialmente cuando el país enfrenta otras obligaciones económicas prioritarias.

En este sentido, el contralor insistió en que la viabilidad de la consulta debe analizarse en función del presupuesto disponible y sus consecuencias en la estabilidad fiscal.

Finalmente, por su parte, Penagos recordó que la Ley 1757 de 2015 impide que este tipo de consultas se convoquen junto con otros procesos electorales, lo que llevaría a Colombia a un estado de votaciones casi permanentes.