Procuraduría reveló hallazgos tras la inspección a la EPS Sanitas, por aumento de quejas y tutelas de usuarios

La Procuraduría General de la Nación inspeccionó este martes las oficinas de la EPS Sanitas en Bogotá para indagar las causas del aumento de tutelas, peticiones, quejas y reclamos relacionados con fallas en la atención en salud reportadas por los usuarios.

La diligencia fue liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social y por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que recolectaron información documental necesaria para realizar un diagnóstico sobre las dificultades en la prestación de servicios a pacientes y familias afiliadas a la EPS.

Durante la inspección, el Ministerio Público confirmó el estado actual de las rutas de atención en salud, la suficiencia de la red de prestadores —especialmente en tratamientos de alto costo—, así como la situación financiera de la entidad, su sistema de facturación y otros componentes relacionados con su operatividad.

Toda la información recolectada será contrastada con datos provenientes de otras fuentes institucionales para elaborar un diagnóstico integral sobre el funcionamiento de la EPS y su impacto en la garantía del derecho a la salud.

La intervención de la Procuraduría ocurre semanas después de que la Corte Constitucional ordenara revertir la medida de intervención administrativa que la Superintendencia Nacional de Salud impuso sobre Sanitas, al concluir que hubo una vulneración del derecho al debido proceso del grupo empresarial Keralty y de su representante legal, Juan Pablo Rueda Sánchez.

En la sentencia SU-277 de 2025, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, el alto tribunal dejó sin efectos tres resoluciones que habían permitido la toma de posesión de bienes, haberes y administración de la EPS desde abril de 2024, y remitió el caso a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que vigila el cumplimiento de estándares mínimos en el sistema de salud.

Tras conocerse la decisión de la Corte, representantes de Keralty celebraron el fallo. Juan David Rivero, abogado de la compañía, afirmó que “la decisión de la Corte Constitucional lo que hace es ratificar que la intervención fue ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria”.

Rivero señaló que la empresa prepara acciones judiciales para obtener un resarcimiento por los daños derivados de la medida impuesta por el Gobierno y aseguró que “los estándares de oportunidad y de calidad de la prestación del servicio han decaído enormemente como consecuencia de la intervención”.

Además, el abogado afirmó que Keralty espera ejecutar la decisión judicial una vez reciba la sentencia oficial y, desde entonces, tomará medidas para recomponer la atención a los pacientes afectados durante la intervención. También confirmó que avanzan procesos en instancias internacionales.

El presidente, Gustavo Petro, en respuesta a las afirmaciones de Keralty, negó que la intervención haya deteriorado la EPS. “No es cierto que su aseguradora se deterioró en nuestras manos, como le dice Keralty a sus empleados”, publicó el mandatario en su cuenta de X el 28 de junio.

Según Petro, la aseguradora ya presentaba un déficit significativo antes de la intervención. “En abril del 2024 a Colsanitas le faltaba un billón doscientos mil millones de pesos de reservas técnicas, y más de 800.000 millones de patrimonio”, indicó, y pidió que el grupo empresarial inyecte los recursos necesarios para garantizar el aseguramiento de sus afiliados y el pago a proveedores.

Petro reiteró que el propósito de la intervención era salvaguardar el servicio de salud de los usuarios y no cubrir deudas de propietarios privados.

Aunque la Corte revocó la intervención, el sistema de vigilancia no cesa. La inspección de la Procuraduría forma parte de la estrategia de control para garantizar que se respeten los derechos de los afiliados en medio del proceso de reorganización de Sanitas.

El Ministerio Público indicó que continuará revisando la evolución del servicio en esta EPS, que atiende a millones de colombianos y que ha estado en el centro del debate sobre la crisis financiera del sistema de salud y las respuestas institucionales para afrontarla.