Procuraduría pide anular decreto sobre educación en el Catatumbo

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional derribar el Decreto Legislativo 155 de 2025, emitido por el Gobierno Nacional, por medio del cual se toman medidas en materia educativa a raíz del estado de conmoción interior en el Catatumbo y algunos municipios del Cesar.

Dicho decreto establece medidas para mejorar la infraestructura y la dotación educativa a diversos niveles en la región del Catatumbo, como una respuesta a la crisis humanitaria que se ha presentado tras los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.

Para el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, el decreto habla de la educación desde las problemáticas estructurales y de larga data, dejando de lado la relación con las urgencias del orden público.

Eljach dijo a la W Radio, que el pedido menciona que el estado de conmoción interior busca enfrentar graves alteraciones del orden público. Por lo que las medidas adoptadas bajo dicha figura deben estar dirigidas a atender las perturbaciones que afectan la seguridad en las regiones impactadas.

“El material probatorio del Decreto bajo estudio no logra demostrar que la crisis de orden público se haya agravado con el aumento de la violencia registrado desde enero de 2025, pues los datos en los que se fundamenta son cifras del 2023 y años anteriores”, dice el documento.

Para la entidad, no existe una relación entre las causas de la violencia en el Catatumbo y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, pues los enfrentamientos y el incremento que se ha venido presentando, no fue provocado por la falta de oferta educativa.

El procurador cuestionó que las obras de infraestructura educativa propuestas por medio del fondo FFIE, carecen del carácter excepcional que exige la conmoción interior.

Y aunque se completen los proyectos, dijo, no hay certeza de que se puedan garantizar los recursos que se requieren para el mantenimiento y las adecuaciones que se necesiten en un futuro, en el momento en que deje de existir el marco excepcional establecido por los decretos.

Además señala que las medidas del Gobierno Nacional no cumplen con los requisitos para atender la grave situación en el Catatumbo y las demás áreas cercanas.

“No se encuentra acreditado el cumplimiento de este presupuesto, en tanto la medida no resulta idónea para enfrentar la crisis ocasionada por el aumento inusitado de la violencia en la región del Catatumbo y la crisis humanitaria generada en dicho territorio, así como en el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar”, enfatiza la solicitud.