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Procuraduría inhabilitó por 20 años a dragoneante que usó su cargo para sostener relaciones con mujer privada de la libertad
El hecho de violencia sexual ocurrió en el 2019.
En fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución y 20 años de inhabilidad general al dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, Inpec, Jorge Alexánder Muñoz Baquero, por utilizar su cargo para sostener relaciones sexuales con una persona privada de la libertad en la Reclusión de Mujeres la Badea, del municipio de Dosquebradas, Risaralda.
La Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que Muñoz Baquero “hizo prevalecer su deseo sobre la responsabilidad que le asistía como servidor público de respetar a las personas con quien tiene relación por el rol ejercido, que en este caso se trataba de una persona con un historial clínico y mental del que conocía y que se encontraba en estado de indefensión”.
Asimismo, el Ente de control resaltó que el dragoneante se aprovechó de la frustración y aparente depresión de la mujer para engañarla y asegurarle que la cambiaría de lugar de reclusión si accedía a tener relaciones sexuales con él, sin tener en cuenta el debido cumplimiento de sus funciones, que se encontraba en horario laboral y las directrices del personal de custodia y vigilancia.
Así las cosas el Ministerio Público adujo que con su actuación, cometida en el año 2019, Muñoz Baquero desconoció los principios de la función administrativa de igualdad y moralidad e infringió las disposiciones legales emanadas de su cargo, por lo que calificó de manera definitiva la falta disciplinaria como gravísima cometida a título de dolo.
En ese mismo año (2019) cuando ocurrió el abuso, un capitán del Inpec, identificado como David Alexánder Álvarez Cárdenas fue denunciado por maltrato hacia las internas de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, quien fue trasladado del centro de reclusión por este motivo y quien además ya había sido denunciado por el mismo cargo en otros centros penitenciarios.
El anuncio del traslado prendió las alarmas toda vez que sobre Álvarez Cárdenas pesaba un historial de denuncias por malos tratos y abuso de autoridad desde hacía varios años, conforme lo reseña una carta que le dirigieron al propio general Ruiz, a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y al defensor del Pueblo, Carlos Negret, y que lleva como referencia “Comunicado de urgencia”.
En ese entonces, la misiva fue suscrita por la fundación Movimiento Cárceles al desnudo y entregada a los mencionados servidores públicos. La primera mención que hacen es sobre la denuncia de diciembre de 2017 hecha por las internas del comité de Derechos Humanos de El Buen Pastor.
