Polémica por falta de aval fiscal para el proyecto de reforma a la educación; “no hay plata para esta iniciativa”

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que el Gobierno está haciendo una política irresponsable, al reconocer que no sabe cuál es el costo de la Ley Estatutaria de Educación que se debate en este momento en el Congreso.

“No se pueden seguir aprobando proyectos sin saber ni siquiera cuál es su impacto fiscal, para después estar hablando de reformas tributarias o romper la regla fiscal”.

Este martes, 21 de mayo, el Ministerio de Hacienda emitió un concepto en el que asegura que no cuenta con la suficiente información para establecer un posible impacto fiscal de la reforma a la educación.

“Esta cartera no cuenta a priori con información que permita establecer el posible impacto fiscal de dar cumplimiento a un plan con las características propuestas”, asegura el documento firmado por el viceministro general Diego Guevara.

Según la senadora Valencia, si bien el Gobierno no puede estimar el costo, desde la Universidad Javeriana si lo han hecho y de acuerdo con los cálculos serían: $9,1 billones adicionales para la educación inicial; $3,1 billones para la básica; $4 billones para la media y $24,4 billones al año para la educación superior, “es decir $40,8 billones, que no es una cifra cualquiera, son tres reforma tributarias”, comentó en el Congreso.

“Soy incapaz de votar un proyecto que no sabemos cuánto vale y con qué se va a pagar. En el concepto del Ministerio de Hacienda vienen unas cifras que son preocupantes. Dice que el Sistema General de Participaciones ha tenido un déficit histórico de los últimos gobiernos. Significa que si en 2022 el déficit fue de $1,3 billones, en el 2023 de $3,8 billones y en 2024 vamos en $3,3 billones”, añadió y reiteró que lo que queda claro es que “no hay plata para esta iniciativa.

El exministro José Manuel Restrepo dijo sobre el tema que con base en el concepto de Minhacienda, respecto, del proyecto de ley de reforma estatutaria de la educación, queda claro que no se puede expedir un “aval o medición de impacto fiscal”, por cuanto no se cuenta con información suficiente para determinar el impacto fiscal de la iniciativa.

“No es claro entonces de dónde saldrán los recursos para garantizar el derecho fundamental de la educación en todos los niveles. Y es enfático el concepto en afirmar que la redacción del proyecto debe reconocer la difícil situación de ingresos del sistema general de participación. Cómo tramitar la norma sin aval o medición de impacto fiscal cuando esta es una exigencia legal?? Cómo evitar que el proyecto de ley no sea más que una “casa en el aire”??”, comentó el economista.