Niñas y niños aguantan hambre por crisis presupuestal en el ICBF; este es el panorama en las regiones

Se agudiza aun más la crisis al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, después de que arrancara este 2025 con 247.000 millones de pesos menos en su presupuesto en relación con el 2024.

El recorte en su ingreso y una falta de orden en la contratación tienen ahora a cientos de familias colombianas en crisis, toda vez que los menores de cinco años y las madres gestantes de las regiones extremadamente pobres del país son los más afectados.

“Si tenemos para el desayuno, no tenemos para el almuerzo. Si tenemos para el almuerzo, no tenemos para la comida”, relató una mujer de 25 años de edad que espera desde el pasado mes de diciembre la reapertura de un Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el departamento de Antioquia para que su hija de cuatro años de edad vuelva a consumir las cinco raciones de alimentos al día.

Lo mismo ocurre en el Chocó, donde la docente Sandra Palacios tiene claro el drama que padecen las madres de muchos pequeños. Un número considerable de ellas tuvieron que renunciar a sus trabajos para asumir la crianza por completo de sus hijos: “Las raciones que da el ICBF son la salvación para ellas. Siempre me llaman a preguntar cuándo iniciamos y no sé qué respuesta darles”, dijo Palacios.

El crítico panorama se extiende al departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente del país. Las madres y cuidadoras que salieron a protestar la semana que termina por el retraso en la operación de los programas de esta entidad llamaron la atención sobre las consecuencias de tener las puertas cerradas de los jardines infantiles, donde se previenen y denuncian las violencias que sufren los más pequeños de la región.

Frente a esta situación, el Instituto indicó que estos programas no tienen calendario educativo y sería impreciso hablar de demoras en estos momentos. “Estos mantienen el aseguramiento de atención a niños y mujeres gestantes durante 210 días del año. Cada anualidad, su comienzo se da en febrero. Desde 2024 se aseguró la contratación de la modalidad comunitaria”.

Contrario a lo denunciado por las familias y profesoras, las directivas del ICBF expresaron que en todos los departamentos ya se inició la atención de los servicios de primera infancia y esperan que todas las direcciones regionales, al finalizar la próxima semana del mes de febrero, hayan terminado los procesos contractuales para garantizar la continuidad de estos.

Todo radica en que el Gobierno Nacional le pidió al ICBF apretarse el bolsillo por la crisis en el presupuesto. Sin contar el efecto del IPC, le restaron a su cuenta 247.000 millones de pesos para este año. La justificación es la misma: el Congreso no aprobó el presupuesto y se rechazó la ley de financiamiento con la que el Ministerio de Hacienda pretendía recaudar la plata para los gastos de funcionamientos de la nación.

Con los recursos que le suministraron, la entidad hizo un reajuste que le permitiera garantizar las condiciones de atención sin afectar la capacidad para atender a los niños y niñas del país.

“El plan por reajuste implicó la contratación escalonada de servicios y contratistas, así como la reedificación en canastas, la revisión en detalle de cobertura y la priorización de necesidad en todo el territorio”, explicaron funcionarios de la entidad.

La directriz fue no afectar a los pequeños, pero esto al parecer no se cumple del todo. Angie Melissa Colorado, madre comunitaria de la ciudad de Cali, informó que uno de los operadores recortó 60 cupos en su jardín y, en efecto, serán menos las profesionales para atenderlos durante este 2025. “La carga laboral va a ser mucho más amplia”, explica la agente educativa.

Y es que la versión del ICBF es que ya se contrataron para el resto del año los servicios con mayor cobertura para todas las zonas de la nación, en las diversas modalidades comunitarias y en la modalidad institucional, como centros de desarrollo infantil.

“La modalidad institucional, que registra menor cobertura y donde se ha identificado mayor posibilidad de inejecuciones, se amplió hasta ocho meses de operación, buscando adicionar los tiempos restantes con recursos de reinversión y adición presupuestal que se solicitará al Congreso durante el segundo semestre de este 2025″, indicó el ICBF.

La entidad, frente a la existencia de las denuncias de los ciudadanos, no aclaró cuántos menores de edad no reciben atención en sus programas, pero manifestó que en el Plan Nacional de Desarrollo se fijó el objetivo de recibir a 1.900.000 niños y madres gestantes; de ese número, ha admitido 1.670.000 y espera llegar progresivamente a la meta planteada al inicio del actual gobierno.

El ICBF también confirmó que redujo la inversión en los convenios establecidos con las ciudades capitales para la atención de los menores, “en tanto sus programas cuentan con capacidad, solvencia y calidad de operación del ente”. El plan es que la plata llegue a las zonas donde se requiere atención prioritaria. Medellín fue una de las afectadas con esta disposición.

A raíz de esto, el alcalde Federico Gutiérrez informó que tienen un acuerdo por 74.000 millones de pesos para beneficiar a los niños entre los cero y los cinco años. De este apoyo, la entidad le comunicó que solo tiene disponibles 20.000 millones de pesos para la vigencia de este año.

“El Gobierno central abandonó a las regiones. Los recursos no llegan. Lo de esta entidad llamada ICBF es supremamente delicado. Ningún niño está desatendido porque en la Alcaldía estamos brindando la atención desde Buen Comienzo. ¿Qué vemos acá? Que el presidente Petro evade su responsabilidad con los niños de la nación”, expresó el alcalde de Medellín.

La crítica del mandatario local es que el jefe de Estado y sus ministros tienen un histórico presupuesto, pero los municipios y departamentos están aislados de los mismos, ya que no esta llegando a las regiones: “La plata de los departamentos se va para el Gobierno Nacional, pero aquí no vuelve. La pregunta es: ¿qué están haciendo con los recursos? Nunca un Gobierno había tenido un presupuesto tan grande”.

No se hizo esperar el clamor de las alcaldías para que el ICBF cumpla con sus obligaciones de proteger a los niños y niñas, y exija lo mismo a sus operadores para así garantizar los derechos a la primera infancia. Por ejemplo, en la ciudad de Itagüí, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, 2300 niños esperan que se habiliten los servicios.

“En esta hay pequeños que deberían estar aquí, en los centros de desarrollo infantil, comiendo, divirtiéndose, protegiéndolos, y no lo están por culpa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por eso el llamado es urgente para que estos centros en esta ciudad estén abiertos. Nosotros cumplimos, pero no la ha cumplido (la entidad)”, expresó el alcalde de ese municipio, Diego Torres.