Mirandeños se movilizaron por la libertad de Manuela Caicedo Arango, una de las trabajadoras de la gobernación del Cauca secuestradas en López de Micay

Las comunidades de Miranda, Cauca, adelantaron una movilización por las principales calles de este poblado para exigir la pronta liberación de Manuela Caicedo Arango, una de las profesionales que está en poder de las disidencias de las Farc.

“Ella es una compañera de acá de Miranda, profesional, trabajadora y buena persona que no tiene nada que ver con el conflicto, que su única tarea al llegar a López de Micay fue apoyar las labores humanitarias entre las comunidades de esta parte del Pacífico caucano. Exigimos su libertad inmediata", expresaron lideresas de esta población.

Por eso portaron camisetas blancas, globos y flores del mismo color a la hora de pedir por el pronto regreso de esta joven, quien es una de las siete mujeres que terminaron en poder de los alzados en armas luego de acusarlos de adelantar labores de apoyo a los militares que ahora está en este municipio combatiendo a esta organización armada al margen de la ley.

“Hay también dos pelados que están retenidos por este actor armado, por eso la marcha no solo por Manuela Caicedo, sino por los demás profesionales, más cuando sabemos que por ejemplo necesitamos de la presencia de los funcionarios y contratistas en nuestros territorios para poder sacar adelantar muchos proyectos productivos”, agregaron las representantes de esta población, quienes aprovecharon la actividad para rechazar también la violencia contra las mujeres.

Y es que esta movilización se adelantó cuando, a través de un comunicado divulgado el 22 de julio de 2025, los integrantes del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las Farc--EP anunció el inicio del protocolo para la liberación de los nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca que permanecen en su poder desde el pasado 17 de julio.

Según los miembros del grupo insurgente, el proceso comenzó a partir de las 18:00 horas de ese mismo día y contará con una tregua de 72 horas, tiempo durante el cual se comprometen a no adelantar acciones ofensivas con el fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad para los retenidos y para los equipos humanitarios que puedan participar en la operación.

“El comunicado también señala que la retención se produjo como respuesta a lo que denominan un presunto plan de aprovisionamiento de armamento militar encubierto bajo contratos oficiales de la Gobernación del Cauca, particularmente el contrato de compraventa N.° 1948-2025 DCSGP-CD-RESERVA-2025 y el proyecto BPIN2025000002243”, se lee en el comunicado.

En ese escrito, los disidentes de las Farc acusan directamente a las autoridades regionales de liderar dicha operación, que ascendería a más de 4.120 millones de pesos, y exigen además la suspensión de toda actividad minera en el macizo colombiano, la cual atribuyen a intereses privados vinculados a la gobernación.