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¿Los jueces pueden usar la IA en la administración de justicia? Esto dijo la Corte Constitucional
La Sala Segunda de Revisión fue la encargada de tomar la decisión.
La Corte Constitucional de Colombia sentó precedente sobre la utilización de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT en la redacción de documentos y administración de justicia, por parte de los jueces del país.
De acuerdo con la sentencia T 323 de 2024, no se realizó una prohibición por completo de este tipo de tecnologías, por el contrario, según el documento se exhortó a los funcionarios a evaluar su uso, en caso de ser necesario, bajo estándares éticos que garanticen el respeto de las leyes nacionales y mantengan la coherencia del caso a tratar.
A su vez, la Corte le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que en un lapso de cuatro meses se realice la publicación de una guía referente al manejo que debe darse a la inteligencia artificial al interior de la Rama Judicial. De igual forma, se instó a la realización de capacitaciones a los diferentes funcionarios y empleados para el uso de estas herramientas.
Según el documento publicado por la Corte Constitucional, los diferentes miembros de la Rama Judicial se encuentran obligados a tomar sus decisiones amparados en los principios de transparencia, responsabilidad, privacidad, verificación, prevención y regulación ética, por lo cual, el uso de inteligencia artificial no puede ir en contravía de estos elementos.
Cabe resaltar que, a comienzos del 2024, el Consejo Superior de la Judicatura inició la construcción de un documento orientado a regular la utilización de herramientas como ChatGPT en el sector justicia, por tal razón, se han iniciado reuniones con universidades como Los Andes y Externado de Colombia para avanzar en dicho trámite.
Límites a la inteligencia artificial
Si bien la inteligencia artificial se ha convertido en un aliado de diferentes sectores para el desarrollo de sus labores. En áreas como la Justicia colombiana no se habían entregado directrices sobre la manera en que podría ser incluida. No obstante, según la sentencia T 323, el país lejos de prohibirla dejó en manos de los funcionarios su utilización.
Esta decisión de la Corte se produce porque un juez de la ciudad de Cartagena habría utilizado ChatGPT para la redacción de la parte motiva de una sentencia.
