Los aterradores testimonios de la comunidad que fue intimidada por soldados del Ejército que se hicieron pasar por las Farc

La vereda Boca de Manso en Tierralta, Córdoba, vivió una terrible situación que se asemejaba a una verdadera pesadilla. Esto después de que diez hombres armados llegaron hasta la zona en donde viven y los amedrentaron.

Los agresores estaban disfrazados de disidentes de las Farc, pero con uniformes militares. Según los testimonios de los pobladores de la vereda, fueron víctimas de varias situaciones irregulares.

Los testimonios de cuatro miembros de la comunidad fueron narrados por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento. De acuerdo con estas narraciones, las personas afectadas fueron intimidados, amenazados y atacados por soldados.

Además, contaron que fueron sometidos a un trato cruel durante tres horas y media.

“Cuatro personas que tomaron la vocería por parte de las comunidades afirmaron que, efectivamente, el Ejército llegó a intimidarlos, a amenazarlos, los encañonaron, los colocaron boca abajo, durante varios minutos mientras proferían palabras soeces. Este maltrato duró tres horas y media”. dijo Sarmiento.

La situación en la zona es tan grave que la Procuraduría solicitó la visita de una comisión gubernamental de alto nivel a la zona para escuchar a los afectados. El representante de Derechos Humanos dijo que la comunidad pide una presencia mayor del Estado en esa zona.

“No hay construcción de escuelas, no hay un puesto de salud, están sufriendo, semanalmente, de paludismo, no cuentan con los medicamentos”, explicó el Procurador.

Medidas que ha tomado el Ejército

En consecuencia a las graves denuncias, el general Luis Fernando Ospina, comandante del Ejército, declaró que diez soldados fueron retirados de la institución.

Debido a esas terribles denuncias, se llevará a cabo un interrogatorio a 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón de la Décimo Primera Brigada de la Infantería Número 83.

Las denuncias también incluyen la presunta violación de una mujer indígena, un caso que está siendo investigado debido a la magnitud de los hechos.

Se trataría de una denuncia contra algunos militares que cometieron abusos sexuales y robos, según las víctimas. Las autoridades conocieron que una mujer indígena embera katío habría sido abusada y se han reportado robos de objetos personales como ropa, bolsos, productos de higiene, dinero en efectivo y joyas.

Los uniformados saquearon restaurantes y obligaron a niños, mujeres y adultos mayores a acostarse en el suelo durante alrededor de tres horas.

Video del momento en que impactan helicóptero del Ejército en Tierralta

Un video grabado por un testigo muestra una explosión de humo amarillo cerca del helicóptero mientras se acerca a la zona rural de Tierralta.

Gracias al ataque se dañó un tanque de gasolina, siendo así el helicóptero fue trasladado a la base militar ubicada en el municipio de Carepa, en la zona del Urabá en Antioquia. Se reportó que ninguno de los pasajeros, ni los miembros de la tripulación salió herido.

El Clan del Golfo asumió la autoría

La responsabilidad del ataque armado en Tierralta, Córdoba, fue asumida por el Clan del Golfo. Así lo confirmó el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina.

“El sector en donde fue impactado el helicóptero es un corredor del narcotráfico y, teniendo en cuenta que es un corredor del narcotráfico, activamos la inteligencia técnica. Por inteligencia técnica se pudo establecer ya que el Clan del Golfo se adjudica el hecho. Situación que una vez fue conocida por parte del comando de la Séptima División, se entregaron las pruebas a la Fiscalía General de la Nación”, confirmó el general Ospina.

De igual manera, el ataque fue rechazado desde la Fiscalía. “Rechazamos el ataque porque lo que denota es que no existen garantías de investigación en Colombia, que el Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General de la Nación”, expresó el fiscal Barbosa respecto a este caso.

Además, sentenció que las investigaciones se llevarán a cabo a toda costa.

“Un estado de derecho donde la rama judicial del poder público no puede ejercer sus funciones es un estado de derecho fracturado (...) Los actos urgentes se van a adelantar a pesar de los obstáculos que quieran poner diferentes sectores” indicó Francisco Barbosa.