Preocupante informe de la Contraloría advierte que deudas acumuladas por las EPS superan los $32 billones

La Contraloría General de la República calificó a 2024 como un año en el que se profundizó la crisis de recursos de parte de las EPS, de acuerdo con el informe emitido por la de las cifras del informe financiero con corte al 31 de diciembre del año pasado.

En el reporte del ente de control, se reporta que la deuda acumulada de las EPS por concepto de servicios de salud asciende a $32,9 billones, lo que evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema. Asimismo, 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas.

Igualmente, la Contraloría identificó que de las 29 EPS activas, únicamente 6 cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas), pero tiene apenas un cubrimiento del 10,92% de los afiliados.

“El resto de la población afiliada (89,08%) lo están en EPS que incumplen uno o más de estos requisitos”, se indica en el reporte de la Contraloría. Además, ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente.

Un aspecto más identificado fue que desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, han sido autorizadas 157 EPS, “hoy solo operan 29, de las cuales solamente 6 cumplen con los requisitos habilitantes. Las liquidaciones han sobrecargado a las EPS restantes, que deben asumir afiliados sin contar con capacidad operativa o financiera suficiente, profundizando la crisis”.

En cuanto a la solvencia, el reporte dice que 15 EPS no cumplen con el capital mínimo, 14 EPS incumplen el patrimonio adecuado, 22 EPS no invierten sus reservas técnicas como exige la norma.

También se señaló que las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos, “no obstante, a que en la vigencia 2024 les fueran pagadas cerca del 90% de la facturación (13,3 de 14,7 billones de pesos), ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de PQR”.

La Contraloría señaló que con respecto a la Nueva EPS —con más de 11,5 millones de afiliados— no ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024 y registra patrimonio negativo, “su intervención no ha resuelto las deficiencias, lo que representa un riesgo grave para la atención en todo el país”.

Para el ente de control fiscal la modalidad de Pago Global Prospectivo (PGP), establecida en el Decreto 441 de 2022, “representa un riesgo fiscal significativo al permitir pagos anticipados sin mecanismos sólidos de control sobre la prestación efectiva de los servicios. Esta medida progresiva debilita la discusión del sector en torno a la suficiencia de los recursos dispuestos para la UPC”.

Con respecto al gasto administrativo de 8% para el régimen subsidiado y de 10% para el contributivo, dice la Contraloría que “27 EPS reportan entre el 4% y 8% en este margen. No existe una reglamentación clara para el cálculo de este gasto y, Ministerio de Salud y Protección Social ni Superintendencia Nacional de Salud, han emitido lineamientos técnicos al respecto”. Esto, en el marco de una siniestralidad promedio reportada del 111%, conduce a la necesaria discusión sobre la viabilidad del sistema actual.

La Contraloría indica que las EPS Sura, Emssanar, Aliansalud y otras reportaron utilidades operativas y netas por $198.745 millones, que, según certificaciones, fueron reinvertidas en reservas legales y en la cobertura de pérdidas acumuladas.