JEP solicita a la Procuraduría protección para los excombatientes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar los factores que están fallando en la protección de los excombatientes, tras conocer que 35 de ellos fueron asesinados a pesar de haber solicitado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar su ruta de protección.

Esta petición la realizó la Jurisdicción tras concluir una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por la JEP a favor de los excombatientes.

Uno de los casos que expuso la JEP es el de Edwin Herney Barrios Parra que fue asesinado el 8 de junio de 2021 y la resolución que confería las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección fue adoptada el 1 de septiembre del mismo año. Es decir, tres meses después de su asesinato.

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Tras esta diligencia la Jurisdicción también le solicitó a la UNP implementar una metodología de análisis de casos, basada en los patrones de victimización, y la exhortó a enfocarse en regiones o tendencias nacionales y asignar las órdenes de trabajo a los analistas que ya conozcan los patrones, con el fin de evitar demoras prevenibles en el trámite de información que se requiera evaluar.

La Jurisdicción también recomendó al director de la UNP, Alfonso Campo; y el Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, implementar en la Subdirección Especializada un procedimiento rápido que permita atender las amenazas a comparecientes, cuyo motivo de fondo sea una oferta de reclutamiento ilegal, e insistió en que es necesario crear un mecanismo que agilice la atención de estos casos que directamente impactan la misionalidad del Sistema Integral para la Paz.

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Estas decisiones fueron adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad después de que la magistratura le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP analizar y sistematizar 35 carpetas que contenían 2.289 folios.

Esta información fue organizada por la etapa en la ruta de protección en la que quedó cada compareciente asesinado, el tipo de medidas adoptadas, el nivel de la implementación, y las fechas entre la presentación de la solicitud de protección y su muerte, entre otras variables.