Holocausto del Palacio de Justicia: 40 años de investigaciones sin resultados contundentes

Por Camilo García / Colprensa

Han pasado 40 años, pero las sombras del Palacio de Justicia siguen vivas. Pocas verdades han salido a la luz y muchas dudas aún persisten sobre los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando cerca de 35 guerrilleros del M-19 tomaron el edificio en pleno corazón de Bogotá y luego el Ejército lo retomó a sangre y fuego.

El saldo fue devastador: más de un centenar de personas, incluidos once magistrados, murieron, y un grupo de más de una decena, la mayoría empleados de la cafetería y visitantes, desapareció a pesar de que algunos de ellos salieron con vida.

Esa falta de respuestas tiene una explicación: durante años, la justicia caminó con lentitud y aunque ha habido muchos ires y venires en las investigaciones, han sido pocas las condenas. Ninguna para los miembros del M-19 que planearon el ataque, porque murieron o fueron indultados, y unas pocas para los militares que lideraron la retoma, la mayoría aún no definitivas.

Investigaciones sin condenas

Eduardo Carreño, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y representante de víctimas en el caso, denuncia que la justicia nunca se tomó la tarea de investigar las señales previas del ataque, las mismas que, según él, facilitaron consciente o inconscientemente su ejecución.

Se refiere, por ejemplo, a la decisión del Gobierno y de la Policía de retirar, tres días antes del asalto, la vigilancia de 24 hombres que custodiaban el edificio, dejando apenas seis celadores privados, o al acuartelamiento en primer grado que existía para esos días.

Estas señales, según Carreño, mostraban que tanto el Gobierno de Belisario Betancur como los organismos militares conocían lo que podía suceder. “Recordemos que él reconoció la responsabilidad total por los hechos y admitió en su locución presidencial que había tomado todas las decisiones. Sin embargo, no se ha hecho nada por investigar su responsabilidad”, insiste el abogado.

Tampoco se ha indagado la posible participación de Estados Unidos durante la retoma liderada por el coronel Alfonso Plazas Vega. Según Carreño, la embajada norteamericana habría proporcionado equipos especiales de radiocomunicación para coordinar las operaciones y, en solo ocho horas, envió desde Carolina del Norte un avión con expertos en explosivos y material para dinamitar las placas de los baños donde se refugiaban rehenes y guerrilleros.

“Los expertos llegaron, ejecutaron la operación y se marcharon sin que ningún miembro de la fuerza pública colombiana lo informara oficialmente. Solo se supo cuando se desclasificaron documentos estadounidenses 30 años después”, afirma.

Ese silencio institucional se refleja también en el estado actual de las investigaciones, que en palabras del abogado es “deficiente”. El general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la brigada y jefe del operativo militar, fue condenado a 35 años de prisión; el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, a 40 años; y el general Iván Ramírez Quintero, a 31 años, por desaparición forzada.

En contraste, en 2015 la Corte Suprema absolvió al coronel Alfonso Plazas Vega por “dudas razonables”.

Varios de estos militares intentaron acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero fueron expulsados porque no aportaron “ningún elemento de verdad”.

Y el caso de las torturas es el ejemplo más evidente del abandono judicial: desde 2014 hay 11 miembros de la fuerza pública investigados por su presunta participación en torturas de 14 víctimas identificadas, pero once años después la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema aún no ha resuelto su situación jurídica.

“Son términos exagerados. Esas víctimas siguen esperando justicia mientras los responsables continúan en libertad”, lamenta Carreño.

Los desaparecidos

La impunidad también se refleja en los desaparecidos. Decenas de sobrevivientes fueron detenidos y conducidos a la Casa del Florero, donde se clasificaba a los “sospechosos” de ser colaboradores del M-19. Allí fueron interrogados, torturados y trasladados a instalaciones militares, de donde muchos nunca regresaron.

La mayoría de los desaparecidos fueron empleados de la cafetería o visitantes ocasionales. Los restos de las víctimas se entregaron mezclados y confundidos. “Revolvían restos combinados de varias personas y no se podía verificar quiénes eran. A veces entregaban restos de hasta tres o cuatro personas a una familia”, explica Carreño.

En 2015 se identificaron los cuerpos de Lucy Amparo Oviedo, Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Portela. En 2017, los de Héctor Jaime Beltrán y Bernardo Beltrán Hernández; y en 2019, el de Gloria Anzola de Lanao, todos gracias a pruebas de ADN.

Pero varios fueron mal entregados en 1985, dejando desaparecidos a otros, incluidos los magistrados auxiliares Carlos Julio Andrade y Carlos Alberto Echeverri.

El indulto del M-19

El indulto al M-19 mediante la Ley 77 de diciembre de 1989 también contribuyó a la impunidad. La norma benefició a los responsables de delitos políticos, incluyendo los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, borrando automáticamente las responsabilidades judiciales de la cúpula del M-19. En febrero de 1990, los líderes fueron indultados, dejaron las armas y asumieron roles políticos.

Un informe elaborado para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue contundente al evaluar las consecuencias de esta decisión: “La prisa por la paz anuló de un plumazo la discusión de fondo sobre la toma a mano armada realizada por el M-19”.

El documento señala que, si bien los acuerdos de paz con el M-19 fueron cumplidos a cabalidad y sus líderes se reintegraron exitosamente a la vida civil, “hay deudas aparte en la historia de la guerra colombiana que, por falta de verdad y de justicia, quedaron atravesadas en el devenir nacional”. El holocausto del Palacio de Justicia quedó sin suficiente esclarecimiento de responsabilidades para los que organizaron este acto de violencia.