Gobierno de Gustavo Petro causaría una crisis de basuras en Colombia: esta es la medida que tomaría el Ejecutivo y que encendieron las alarmas

Existe una gigantesca tormenta política al interior del Gobierno de Gustavo Petro por cuenta de una recomendación que tiene como objetivo modificar los marcos tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la nación.

De ahí que desde ya funcionarios públicos, miembros de las empresas privadas y recicladores alertaron de una crisis sin precedentes en el posible escenario que se materialice el proyecto y lo comparan con el desastre que dejó el programa de basuras que adelantó Petro en la ciudad de Bogotá cuando fue alcalde.

La propuesta la adelanta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, la cual tiene como objetivo actualizar las fórmulas que sirven para calcular los precios que pagan los ciudadanos por estos servicios, a partir de múltiples variables, tal como se hace cada cinco años, y cuya ejecución en el mercado podría extenderse hasta por diez años.

En esta nueva oportunidad, ya se tiene un borrador de resolución, pero su aprobación no luce fácil porque le espera un debate fuerte entre los diferentes sectores sociales están en esta actividad económica.

Y es que según el Ministerio de Vivienda, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, así como las organizaciones de recicladores ubicadas en diferentes partes del país, la Comisión se ha negado a revelar los estudios y documentos con los que el Ejecutivo, por orden expresa del presidente Gustavo Petro, espera reducir los precios de los servicios públicos, como bien está comprobado con las diferentes cartas que están en poder de los medios de comunicación de la capital colombiana.

De hecho, el jefe de Estado despidió al viceministro de Agua, Edward Libreros, en medio de una transmisión del consejo de ministros, pues criticó fuertemente en una comunicación escrita la propuesta, que incluía que la Comisión diera a conocer todos los soportes y análisis técnicos de los nuevos marcos tarifarios que entraría a regir con la nueva regulación.

“El documento técnico no contiene la información completa y suficiente para sustentar los análisis realizados”, expresó Libreros en su momento, lo que le costó su cargo al interior del Ejecutivo.

Todo porque el escenario más complejo se tiene con la proposición del marco tarifario del aseo, en el que el presidente Petro pidió priorizar el cuidado de los recicladotes. Sin embargo, la realidad muestra todo lo contrario, como bien lo plantea Magda Villamizar, una lideresa del gremio.

“Nos exigen que acabemos con nuestro trabajo, porque no hay ninguna garantía, como la ha pedido el presidente. Yo no comparto el hecho de que desplazar a más de 74.000 recicladores sea justicia social”.

Es que el borrador que ahora tiene la Comisión en las manos estipula que las organizaciones de recicladores deben cancelar la seguridad social de cada uno de sus integrantes, cuando no es su resorte reglamentar sobre este tema, porque la función que le corresponde al Ministerio del Trabajo, e impone obligaciones que no están descritas en ningún decreto.

“Es que nos imponen una carga de responsabilidades que excede nuestras posibilidades reales. El proyecto no refleja de manera justa la realidad”, agregó Villamizar, quien se gana la vida con el reciclaje.

Con la regulación propuesta, el integrante de este gremio, además de ejercer su labor, tendrá que desempeñar funciones comerciales para lograr la suscripción de contratos con los usuarios o ciudadanos.

Asimismo, desarrollar campañas educativas, realizar labores de fiscalización para determinar si un suscriptor separa adecuadamente la basura y así poder acceder al pago por la separación, del que dependen cientos de familias colombianas.

“En este borrador de la propuesta asumen que el usuario me va a entregar separado el reciclaje, cuando no ocurre; creen que el usuario nos va a dar datos para un contrato. Dicen que del pago que nos van a hacer por nuestro servicio se tiene que guardar una provisión del 21 por ciento para seguridad social. Decimos: ‘¿De dónde sacan eso si no está reglamentado en la lee?’. La respuesta es que todo esto se hará en el futuro”, agregó la lideresa del gremio.

Mientras tanto, fuente del Ministerio de Vivienda, cuya identidad solicitó no mencionar, respaldó la versión de los recicladotes, agregando que el propio Gobierno, nadando en contra de las promesas de campaña, llevará al abismo a estas personas si aprueba el ajuste del marco tarifario, pues la lógica es que ellos deberán cumplir con todas las exigencias narradas para recibir sus ingresos: “Le están dando un mensaje opuesto al país. Los pone en riesgo”.

Libreros, despedido por el mismo Gustavo Petro, identificó los mismos riesgos y pidió borrarlos en una carta que remitió a Nelly Mogollón, directora de la Comisión, en el pasado mes septiembre: “Se deben eliminar del proyecto de resolución aspectos relacionados con la política pública y que hacen parte de las competencias del MV (Ministerio de Vivienda)”. Es decir, él puso en evidencia que la Comisión está creando políticas públicas, cuando no es su misión o responsabilidad.

Posiblemente, el Gobierno Nacional habría pedido no tener contemplaciones con las grandes empresas de servicios públicos, representadas en la mesa de conversaciones del marco tarifario por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), gremio que denunció que Gustavo Petro no está reconociendo toda la cadena productiva y buscaría bajar los precios de las facturas violentamente.

“El marco tarifario se hace cada cinco años y tiene una vida útil que puede llegar hasta los diez años, todo porque es una metodología que se da para poder calcular los costos y las tarifas que se van a cobrar a los usuarios o colombianos. Cuando se hace mal y no se les cobra a los usuarios lo que es, o se pone por debajo, y la orden del Gobierno es que va a bajarlo a las malas, el peligro es que puede quebrar a las empresas”, expresó el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.

La versión del representante de ese gremio es que la Comisión no considera en los posibles nuevos marcos tarifarios la totalidad de los gastos laborales que se presentan en esta actividad, como por ejemplo, no reconoce los sobrecostos de la disminución de la jornada laboral, poniendo en aprietos las carteras de las empresas. Este mismo peligro fue identificado por el viceministro de Agua en su momento, pero en la Casa de Nariño lo acusaron de querer beneficiar los intereses de Andesco.

Así quedó registrado en la carta que lo dejó por fuera del actual gobierno: “Es importante que, para la determinación de los costos de prestación del servicio público de aseo en Colombia, se tengan en cuenta aspectos asociados con la reforma laboral que logró implementar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en particular, aquellos que van en mejora de los operarios; como la reducción de jornada laboral y los aumentos en la remuneración de las horas con recargo nocturno y dominical, por mencionar otros aspectos”.

Frente a estos aspectos, Camilo Sánchez vaticinó que, de aceptarse esta resolución o propuesta, en el país se podría replicar el programa de Basuras Cero, que llevó a la ciudad de Bogotá a la crisis durante la administración adelantada por Petro: “Eso es lo que quieren ellos hacer”. Y mostró preocupación por la limitación de acceso a la información a la hora de construir la propuesta, pues a su gremio también le han negado los estudios que le sirvieron a la Comisión para construir la iniciativa.

Para él, el escenario es completamente desolador y el riesgo de quiebra entre las empresas es real: “Vemos que la ideología la quieren incorporar poniendo en riesgo un servicio. Si este marco se aprueba mal, tenemos cinco años, por lo menos, de un problema. Los técnicos que tiene el Gobierno, que son poquitos, cada vez que aplican la técnica tienen que sacarlos o expulsarlo. No es el que más corra, es el que haga las cosas bien en beneficio de los usuarios”.

Por eso la polémica se desató tras conocerse el borrador de la resolución, cuya aprobación se haría este año para que entre en ejecución en el próximo 2026. La Comisión confirmó que, de momento, “analiza el avance de las observaciones recolectadas durante los procesos de participación ciudadana en la construcción de los nuevos marcos tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia”, donde también participaron los ministerios de Vivienda, Salud, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Comisión también resaltó que las mesas de trabajo se extendieron a Santa Marta, Medellín, Cali, Villavicencio y Bogotá con “organizaciones de usuarios, de recicladores, prestadores de los servicios y la sociedad civil para plantear sus inquietudes y aportes en la construcción de la propuesta”.

A pesar de esto, en denuncias aportadas a los medios de comunicación, como la Revista Semana, y compartidas con los órganos de control, algunos actores cuestionaron el derecho a la participación y supuestos frenos a sus intervenciones en la construcción de la propuesta.

Ese reparo también fue respaldado por funcionarios del Ministerio de Vivienda, que dicen “que el derecho a la participación se está viendo vulnerado, además porque no se aportan los documentos técnicos sobre el tema, todo se hace con creencia ideológicas”.

Es que el Gobierno de Gustavo Petro se juega las cartas de los servicios públicos de Colombia con esta medida, por esos se encendieron las alarmas por las consecuencias.

Por que todo indica que el gobierno de Gustavo Petro tiene afán para que el marco tarifario se ponga en marcha en el menor tiempo posible. Al revocar del cargo al viceministro Libreros, se lo entregará a una de sus más fieles funcionarias y seguidores: Ruth Maritza Quevedo, economista de la Universidad Nacional.

La profesional trabajó en la Bogotá Humana como subdirectora de aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y ahora se desempeña como experta comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Ejecutivo.

Esta funcionaria, entonces, es el cerebro detrás del nuevo marco tarifario, según varias fuentes consultadas por la prensa de Bogotá. Y ya suma una recusación de Andesco para que se aparte de la discusión y decisión sobre la nueva regulación porque, aparentemente, no mantiene la imparcialidad requerida para esta clase de tema: “Durante la audiencia pública de cierre de participación ciudadana para la propuesta del nuevo marco tarifario, realizada en Bogotá el pasado 24 de septiembre, la comisionada realizó declaraciones que ponen en duda su objetividad frente a las empresas del sector”, se lee en un documento de la agremiación que fue aportada a los periodistas de Bogotá.

En ese documento se citó que Ruth Maritza Quevedo en su momento manifestó que “las empresas ‘filtraron los costos’ de barrido y limpieza por exceso de reportes; dijo que los prestadores ‘no pagan a los recicladores porque no tienen voluntad para hacerlo’; y señaló que Andesco representa principalmente a grandes empresas, insinuando falta de independencia en las toma decisiones de estas últimas”.

Por eso los integrantes de Andesco inisistieron que estas afirmaciones se hicieron antes de que la Comisión adopte una decisión final sobre el nuevo marco tarifario, lo que demostraría una opinión previa a la hora de poner en marcha la medidad.

Dentro del Gobierno nacional también tienen dudas sobre la conveniencia de Ruth Maritza Quevedo en el Viceministerio, porque consideran que no es profesional en su labor.

“Ella no está inhabilitada para ejercer el cargo, sino que podría, en ciertas circunstancias, entrar en conflicto de intereses. En el caso de la expedición de los nuevos marcos tarifarios, sería de alta inconveniencia técnica procesal que ella, siendo la líder de la formulación de la propuesta del marco, posteriormente, en otra instancia, bajo otras competencias y siendo la presidenta de la Comisión, tarea que le corresponde al viceministro, tome una decisión. No se puede ser juez y parte en este asunto. Estaría votando por algo que ella misma realizó”.

Ahora que la decisión queda en manos de cuatro expertos comisionados que toman las medidas técnicas para llevarlas al comité en pleno. De los cuatro, el Gobierno de Gustavo Petro ha nombrado a dos; si Quevedo sale, solo tendría una silla en esa especie de junta.

En ese comité en pleno también participan los delegados del Departamento Nacional de Planeación y de los ministerios de Ambiente, Salud y Vivienda. También hay un espacio para la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, que tiene voz, pero no voto.

Finalmente, la alerta que está detrás del tema es que los más de 22.000 recicladores se podrían quedar sin trabajo en el próximo año, y los usuarios terminarían cancelando por la recolección del material, a través de las facturas de servicios públicos, pues los únicos con capacidad para hacer esa inversión serían empresas que riene un importante músculo financiero. ¿Quiénes serán los beneficiados por la decisión del gobierno con el nuevo marco tarifario?