Entidades deben garantizar entrega de viviendas a 650 familias de la Minga en Cali, advirtió la Procuraduría

Más de 650 familias pertenecientes a la Minga en Cali podrían verse beneficiadas por la entrega de viviendas, proyecto liderado por la Administración Local, la Gobernación del Valle del Cauca y el Ministerio de Vivienda.

Así se acordó preliminarmente en la mesa de diálogo presidida por las autoridades nacionales, locales y la minga, en la que también estuvo presente la Procuraduría General de la Nación para dar garantías de lo establecido.

Por ese motivo, el Ministerio Público instó a las instituciones a cumplir con los compromisos encaminados a garantizar la entrega de más de 500 viviendas para auxiliar a dichas comunidades.

El ente de control advirtió que este acuerdo debe traducirse en acciones efectivas y verificables, con plazos claros que permitan a las familias beneficiarias contar con soluciones habitacionales dignas y permanentes.

En este sentido, reiteró que los acuerdos no pueden quedarse únicamente en anuncios o promesas públicas, sino que deben traducirse en una gestión efectiva que permita avanzar en su cumplimiento.

Durante la jornada, la Procuraduría intervino para encauzar la discusión hacia la construcción de un orden claro en la definición de responsabilidades, insistiendo en que la presencia institucional en estos espacios debe garantizar transparencia, articulación y respuestas reales a las demandas de las familias de la Minga.

Finalmente, el Ministerio Público anunció que hará seguimiento preventivo a los compromisos adoptados en la mesa, de manera que sean un paso concreto para la garantía del derecho fundamental a la vivienda digna.

Hace algunas semanas, la Alcaldía de Cali destacó que la mesa avanzaba con amplia participación institucional, como entidades nacionales, departamentales, distritales y representantes comunitarios.

A esa jornada asistieron delegados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la Agencia Nacional de Tierras; la Sociedad de Activos Especiales (SAE); el Instituto Nacional de Vías (Invías); la Unidad de Restitución de Tierras; la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Por parte de la Administración Local participaron representantes de las secretarías de Vivienda Social y Hábitat, Bienestar Social, Gobierno, Seguridad y Justicia, así como del Plan Jarillón.

“Revisamos acuerdos en pro de avanzar y brindar garantías de derecho. Seguiremos atendiendo los espacios de diálogo para que cumplamos con lo establecido en la norma y que las comunidades se sientan reivindicadas por las dinámicas políticas incluyentes del Gobierno Nacional, departamental y municipal”, indicó Eduar Arizala, representante del Ministerio del Interior.

La sesión concluyó con la aprobación y firma del acta, que recoge los avances y actividades definidas para el seguimiento. Se ratificó la voluntad de las partes de continuar trabajando de manera coordinada para dar respuesta a las necesidades planteadas.