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El Valle del Cauca, ‘colgado’ en actualización catastral; esto es lo que está en juego con el proyecto de ley del Gobierno
El Valle del Cauca está quedado en esta tarea. Solo seis municipios han cumplido al 100 %. Cuando se haga en todo el territorio, los hogares sentirán el aumento en el predial.
Por: Luz Stella Cardona Ruiz / Reportera de El País
Aunque se esperaba que este año el 60 % de los municipios del país, tanto en la zona urbana como rural, estuvieran actualizados catastralmente y estuvieran en el 100 % para el 2025, la controversia generada esta semana por los eventuales incrementos que esto representa en el impuesto predial, tiene tambaleando el proceso.
El avalúo catastral o fiscal de los predios es la base que utilizan los entes territoriales para la liquidación de impuestos. Es decir, que se usa para determinar cuánto se cobrará de impuesto predial en el año, dependiendo de la ubicación, metros cuadrados y tamaño del bien inmueble.
En el Valle del Cauca, de los 42 municipios, solo seis han sido actualizados en un 100 %, (Cartago, Dagua, La Cumbre y Guacarí), por la Gobernación del Valle. También Palmira se actualizó por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, y Cali que tiene un catastro descentralizado. Es decir que el avance en la región es del 14 %.
Diego Carrero, subdirector general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (Igac), gestor catastral de 14 de los 42 municipios del departamento, explicó que como la desactualización en Colombia, en promedio, es de 16 años, al realizar los procesos de actualización catastral, los avalúos se incrementan, por eso las dificultades que se han venido presentando con el impuesto predial.
“Cuando encontramos esos procesos de desactualización con unas brechas tan importantes, al realizar la actualización catastral, los avalúos crecen de manera significativa y las dos leyes que tenemos hoy (la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019) se quedan un poco cortas dada la realidad territorial e inmobiliaria del país”, sostuvo.
Por eso, en el departamento se han visto casos en los que los impuestos de los ciudadanos crecen por encima del 1000 %. “Estamos tratando de mitigarlo para que no vuelva a suceder. Eso es lo que busca el proyecto de ley del Gobierno al poner un techo, pero no un piso, sin embargo, los municipios tienen autonomía para reducir las tarifas o colocar unos techos inferiores a la gran sombrilla que está poniendo el Gobierno”.
Sobre esta situación, Diana Lorena Vanegas Cajiao, gerente de la Unidad Administrativa Especial de Catastro, de la Gobernación del Valle, confirmó que, a la fecha, de los 24 municipios que tienen bajo su jurisdicción, cuatro han sido actualizados en 100 %. Son ellos, Cartago, Dagua, La Cumbre y Guacarí. Entre los cuatro se han actualizado unos 100 mil predios y aún les quedan faltando entre 300.000 a 500.000 predios.
Sin embargo, la meta del Plan de Desarrollo Nacional es tener el 100 % de los municipios actualizados, pero esto depende de la voluntad política de los alcaldes y de la consecución de recursos.
“Es una obligación del municipio actualizar el catastro, pero bajo la garantía de la autonomía que tienen los alcaldes, sino lo quieren hacer, no se pueden obligar”, indicó.
Para la funcionaria, más allá de la discusión de obtener un mejor recaudo para los municipios, el catastro multipropósito tiene varios beneficios, pues además de blindar jurídicamente frente a la tenencia de los predios, también genera desarrollo y una mejor planificación en temas de infraestructura, salud y educación, entre otros, para los entes territoriales.
“Una cosa es el avalúo catastral que es un censo sobre cuántos inmuebles hay, en qué condiciones están y el valor aproximado del costo de la tierra, y otro es el régimen tarifario con base en el cual se liquida el impuesto predial”, aclaró.
“El Gobierno presentó recientemente un proyecto de ley ante el Congreso que busca modular la aplicación tarifaria. Este tema se está estudiando, no solo a nivel nacional, sino también por los municipios que son los que aplican las tarifas, porque es competencia exclusiva de los alcaldes”, afirmó la funcionaria.
Es así como junto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi están proponiendo que se escuche a los territorios para conocer cómo ha sido para los pequeños agricultores que se les ha actualizado el censo catastral y lograr un margen de mayor amplitud para la aplicación tarifaria, porque no es lo mismo la dinámica en un municipio pobre que en uno con más desarrollo.
Citó como ejemplo de los beneficios de la actualización catastral, los municipios de Dagua y Cartago. En el primero, este insumo permitió establecer unas zonas para la generación de bonos de carbón, mientras el segundo fue elegido como ciudad inteligente por el Banco Mundial.
Por su parte, la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, donde se actualizaron un poco más de 24 mil predios, afirmó que enero y febrero fueron unos meses difíciles cuando se hizo la primera facturación, después de la actualización.
“Atendimos las quejas y reclamaciones de avalúos catastrales y de tarifas de la comunidad, y con el Concejo ampliamos los descuentos a casi seis meses para que tuvieran tiempo de hacer las reclamaciones y acceder a los descuentos”, precisó la alcaldesa.
Anotó que el avalúo, además de una mejora en el recaudo, les dio unos insumos muy importantes para la toma de decisiones.
“Hicimos un mapa de coberturas para evaluar áreas en bosque y tenemos una posibilidad de captura de 50 millones de toneladas de carbono al año. Esto podría representar al municipio hasta US$11 millones”, enfatizó la mandataria de Dagua.
De otro lado, Patricia Acosta, docente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, de la Universidad del Rosario, también destacó las bondades de una actualización catastral con enfoque multipropósito, especialmente para la toma de decisiones, pero la dificultad, reconoció es que hay muchos intereses de por medio.
“La gestión urbana y territorial no se puede hacer sin plata. O sea, la gente quiere carreteras, quiere servicios públicos, seguridad, que las cosas funcionen en la ciudad y que en las zonas más alejadas y vulnerables haya salud, educación, etcétera, pero la única manera de financiar esas cosas es haciendo gestión fiscal, es decir, siendo juiciosos los municipios en hacer su propia gestión de cobrar el impuesto predial y no solamente el urbano sino el rural”, reiteró.
Agregó que en el caso de los municipios pequeños es peor aún porque ellos, los alcaldes, hacen mal trabajo en términos de gestión fiscal, a veces por falta de robustez institucional, pero también a veces porque en los municipios pequeños, las personas que ponen los alcaldes, son por ejemplo, terratenientes.
“Son gente que tiene muchos terrenos, pero lo mismo, ponen al alcalde y le dicen, no se vaya a poner a enredarse con temas de esos del catastro, porque no queremos, pero igual necesitan la plata para las carreteras rurales. Tener un catastro multipropósito es como tener el inventario de la casa, porque nadie puede tomar decisiones sin saber qué hay”, puntualizó.
Un techo al predial
Esta semana los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Agricultura, Jhenifer Mojica, junto con el Igac, radicaron el proyecto de ley por medio del cual “se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado, se modifica parcialmente la Ley 44 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 y se dictan otras disposiciones”.
La iniciativa plantea un incremento máximo hasta del 50 % del monto liquidado por el mismo concepto del año anterior, para los predios urbanos con destino económico, habitacional o comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos legales ($156 millones de hoy.
Lo que sí es claro, es que el beneficio para los entes territoriales no puede ir de la mano de una carga impositiva muy alta porque desestimularía el pago del impuesto predial y dejaría la actualización catastral como una figura decorativa ya que nadie le va a querer apostar.
