Corte respondió a la denuncia sobre la presunta elección del magistrado Vladimir Fernández con plata de la Ungrd

La Corte Constitucional aclaró este martes que no tiene competencia para investigar al magistrado Vladimir Fernández, quien, según una investigación de Semana, habría sido elegido para el alto tribunal gracias a un soborno con recursos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los cuales fueron desembolsados al entonces presidente del Senado, Iván Name.

Además, la Corte rechazó las filtraciones que señalan que en la Sala Plena se va a tumbar el decreto de conmoción interior en Catatumbo.

Mediante un comunicado, la Corte señaló que no le corresponde adelantar investigaciones sobre los hechos que han sido divulgados por algunos medios de comunicación en relación con la elección de Fernández como magistrado en octubre de 2023, y precisó que tales actuaciones están en manos de las autoridades competentes.

“La Corte Constitucional se permite precisar a la opinión pública que no es la autoridad competente para surtir actuaciones de investigación o intervención en relación con los hechos a que se han referido recientemente algunos medios de comunicación”, señaló la institución.

Además, subrayó que sus integrantes están amparados por la presunción de inocencia y que, en caso de ser requeridos, deberán atender los llamados de las entidades legalmente autorizadas, bajo el respeto al debido proceso y a los fueros que establece el orden jurídico.

En el mismo pronunciamiento, la Corte rechazó “categóricamente las afirmaciones falsas que circulan sobre lo que ocurre en la Sala Plena” y denunció que las filtraciones y caracterizaciones erradas pretenden deslegitimar sus deliberaciones y decisiones colegiadas.

Este señalamiento ocurre en la víspera de la discusión en Sala Plena de la ponencia de la magistrada Paola Meneses, que propone declarar inconstitucional el decreto 062 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de conmoción interior en Catatumbo, Norte de Santander, y algunos municipios del Cesar.

Aunque la propuesta fue conocida por medios de comunicación desde el lunes, la Corte todavía no ha tomado una decisión.

“Como le corresponde, la Corte Constitucional sigue cumpliendo con el ejercicio de sus funciones de manera armónica y con el rigor que demanda su misión de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución y de asegurar la efectividad de los derechos fundamentales”, concluyó el alto tribunal.

La Sala Plena de la Corte discute este martes la ponencia que propone declarar inconstitucional el decreto 062 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo y zonas aledañas.

La propuesta, presentada por la magistrada Meneses Mosquera, vicepresidenta del alto tribunal, sostiene que la crisis de orden público en la región obedece a problemas estructurales que no justifican la adopción de medidas excepcionales.

Su ponencia argumenta que la situación en el Catatumbo, aunque grave, no cumple con los requisitos constitucionales para declarar el estado de conmoción interior, ya que se trata de una problemática estructural y no de una perturbación súbita del orden público.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto favorable al decreto, señalando que los hechos en la región afectan la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, y que las medidas adoptadas por el Gobierno son proporcionales a la gravedad de la situación.

Información de Colprensa.