Congresista de EE.UU. pide revisar uso de recursos para reconstrucción de San Andrés

El representante demócrata Jim McGovern volvió a criticar las actuaciones del gobierno colombiano en la sesión más reciente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El congresista estadounidense puso el foco en la atención que se ha dado a los habitantes de San Andrés luego del paso del huracán Iota. Según él, se están violando los Derechos Humanos de los habitantes de la isla, por la falta de una reconstrucción efectiva.

Según McGovern, “la isla fue golpeada por un huracán Iota el pasado mes de noviembre, cientos de casas fueron dañadas. El presidente de Colombia, Iván Duque, prometió reconstruir la isla en 100 días y han pasado seis meses. La temporada de huracanes está cerca y en el horizonte la reconstrucción no está ni de cerca completa”.

El Representante pidió al gobierno de Estados Unidos revisar los recursos que se usaron para la reconstrucción del archipiélago de San Andrés después del paso de Iota y asegurarse de que fueron usados de manera correcta y cumpliendo todos los requisitos.

Lea también: Duque invita a jóvenes a dialogar y construir un "gran pacto por la juventud"

“Le pido a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisar la situación de los habitantes de la isla y hacer recomendaciones al gobierno colombiano para que se cumplan los derechos de los mismos”, manifestó McGovern.

El demócrata denunció, además, que la situación ha permitido que en Providencia se construyan proyectos militares que hasta el momento habían sido rechazados por la comunidad.

“La culpa del retraso se puede atribuir al gobierno ya que este no consultó con los más afectados, sino que lo que hizo fue permitirle a la Armada construir un nuevo puerto, un proyecto que ya había sido rechazado por la comunidad debido al riesgo de daño ambiental. Pese a esto la Armada ha construido su puerto sobre el de la comunidad, restringiendo el acceso de la comunidad”, dijo el representante estadounidense.

McGovern agregó que los pescadores de Providencia sienten que su modo de vida está en riesgo y por eso completan 62 días de protesta. “Hay una profunda diferencia entre las visiones de la gente de la isla y la del continente. Los habitantes de Providencia temen no solo que el gobierno los continúe ignorando, sino que sean superados por los del continente como sucedió con la isla de San Andrés. Convirtiéndose esto en una violación mayor de los Derechos Humanos de los habitantes de las islas”, afirmó.

Lea también: Líderes mundiales urgen a israelíes y palestinos a parar nueva escalada bélica

En efecto, el congresista de los Estados Unidos recalcó que las denuncias ya se habían hecho en 2004 cuando el relator especial en contra del racismo de las Naciones Unidas visitó el archipiélago.

“En esa ocasión, los raizales se quejaron de discriminación política y marginalización de las decisiones que afectan su territorio, ellos también se quejaron de dominación cultural por parte de los habitantes continentales; por ejemplo, el uso exclusivo del español como lenguaje de instrucción y la presión para convertirlos a la iglesia católica pese a que el su idioma nativo es el inglés creolé y la población en su mayoría es protestante”, señaló.

Para el Congresista es necesario que ahora Colombia cambie de rumbo y reconozca como legítimos interlocutores a los miembros de las islas. “Le pido al gobierno que acelere la reconstrucción de refugio y de las instalaciones médicas lo más rápido posible y antes de la siguiente temporada de huracanes. Además, pare de importar mano de obra desde el continente y emplee empleados locales”, agregó. Además, pidió a la armada “remover su puerto, reconstruir el de los habitantes de la isla y suspender la militarización".

Desde la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, las críticas en el Congreso de Estados Unidos al gobierno colombiano, en especial las de miembros de su partido, el Demócrata, se han ido intensificado. Algunos, incluso, han pedido limitar la ayuda a Colombia mientras se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública.