Centro de Bienestar Animal de Popayán, una obra lista que no está en funcionamiento; ¿hay desacato de la Alcaldía?

Palideciendo a sol y sombra, aún sin entrar en funcionamiento, se encuentra la obra del Centro de Bienestar Animal (CBA) de Popayán, la cual está lista estructuralmente para recibir a los diferentes animales vulnerables o en situación de calle, pero aún no inicia operaciones debido a la falta de recursos para hacerla, según afirma la Alcaldía local.

La protección animal en la capital caucana es un asunto de gran debate y controversia entre los sectores políticos, comunitarios, animalistas y el gobierno local en esa ciudad. Mientras los primeros sostienen que la Alcaldía sí cuenta con presupuesto para poner a andar el CBA y que lo que falta es voluntad, la Administración sostiene que se requieren otras alternativas de inversión.

Fuentes consultadas por el medio El Liberal aseguran “plata hay”, pero que el incumplimiento de este compromiso está configurando una omisión a una orden judicial que afecta a cientos de animales en situación de calle en esa ciudad.

En contraparte, la secretaria de Salud Municipal, Claudia Milena Males, le explicó a El Liberal que la operación del Centro costaría más de $ 2500 millones cada año, monto con el que no se cuenta para ese fin. La funcionaria comentó que la Política Pública Animalista adoptada en la ciudad solo cuenta con una asignación presupuestal para este año de $ 500 millones, por lo que todo ese recurso se iría en el funcionamiento del Centro y, peor aun, quedaría faltando dinero.

Eso sin contar que no se podrían erogar recursos para otros componentes y estrategias de la política, como las jornadas de vacunación, esterilización, atención veterinaria gratuita y programas de sensibilización con la comunidad.

Por eso, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, sostiene que su única opción para que el CBA arranque es una alianza con el sector privado (APP). Sus palabras fueron reiteradas por la Secretaria de Salud.

“La mejor alternativa es impulsar un modelo de gestión público-privada, donde trabajaremos de la mano con el sector privado, fundaciones y organizaciones defensoras de los animales para garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad del centro”, señaló Claudia Milena Males.

En su criterio, esa alianza traería cuatro beneficios para el Municipio:

• Asegurar recursos adicionales sin depender exclusivamente del presupuesto municipal.
• Contar con expertos y organizaciones especializadas en bienestar animal.
• Ofrecer programas de adopción, esterilización y educación responsable, involucrando activamente a la comunidad.
• Implementar mecanismos de participación ciudadana, fomentando el voluntariado y la corresponsabilidad social.

Sin embargo, aún hay muchas dudas en esta propuesta, dado que no se detalló en qué avance se encuentra la búsqueda de esa alianza público-privada, quiénes podrían ser los inversores, con qué partida porcentual se irían el privado y la Alcaldía en ese trabajo conjunto ni para cuándo se espera entonces tener funcionando el Centro.

Los críticos del Gobierno local ofrecen otra solución. De acuerdo con el Acuerdo 040 de 2018, que reglamenta la Política Pública de Bienestar Animal en Popayán, la Alcaldía realmente debería disponer para este año de $ 925 millones, por lo que se podría utilizar ese recurso y sumarle los $ 700 millones que se quedaron sin ejecutar de la vigencia 2024, con lo que se tendrían en total unos $ 1625 millones para que, por lo menos, el CBA pueda tener su apertura y operar en los primeros meses del año, mientras se logran más fondos.

Adicionalmente, proponen que no todo el recurso que se necesita para el Centro de Bienestar Animal sea puesto por la política conexa, sino que se puede realizar financiamiento directo desde otros organismos de la Alcaldía.

Por ejemplo, el personal de aseo y mantenimiento puede quedar a cargo de la Secretaría General de la Administración, mientras que el personal de planta del Municipio con las competencias en cuidado animal puede ser vinculado al centro, o se pueden generar convenios con el Sena tanto para este fin como para reducir los costos que implicarían los servicios públicos. Esto, en criterio de los críticos al gobierno local, abarataría sustancialmente la puesta en marcha del CBA.

Sin embargo, aún no hay un panorama claro de lo que vaya a ocurrir en próximas semanas, pero algunos advierten que la Alcaldía podría estarse exponiendo a un incidente de desacato.

Una orden judicial de vieja data

La razón frente al lío legal que le podría acarrear a la Administración se debe a que la protección animal en la ciudad, y particularmente la operación de un centro de cuidado, no es algo que nació de la intención municipal, sino que es producto de una orden emitida por un Juzgado del circuito de Popayán.

Los ciudadanos Héctor Uriel Casas Zúñiga y Pedro Julián Infante Montero interpusieron hace más de una década una acción popular contra el Municipio de Popayán y su Secretaría de Salud alegando que estos se tenían que hacer cargo de una situación grave presentada en una vivienda del barrio La Pamba, donde la acumulación de perros y gatos estaba generando riesgos para la salud pública y el medio ambiente.

Los accionantes pedían que la Administración Municipal garantizara un manejo adecuado de los animales en situación de abandono, tal como lo establece la Ley 472 de 1998. Aunque en 2016 el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán falló en favor de los ciudadanos, ordenando al Municipio la construcción de un “Coso Municipal” para albergar y atender a los animales abandonados, esto no se ha cumplido aún, ocho años después, como se viene mencionando.

La Administración local no solo no estuvo de acuerdo con esa decisión, sino que apeló el fallo del Juzgado, señalando que no se habían aportado las pruebas suficientes como para determinar que había afectación de los derechos colectivos de la comunidad, por lo que pedían que se emitiera una nueva decisión en la que responsabilidad del caso recayera totalmente en la ciudadana María del Pilar Delgado López, propietaria de la vivienda.

Pero ya en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la sentencia y enfatizó que el Municipio tenía la obligación legal de controlar la fauna callejera y mitigar los riesgos a la salud pública. El Tribunal le recordó a la Alcaldía la evolución en materia conceptual que han tenido los animales en el derecho colombiano con el pasar de los años, y frente a los alegatos por falta de recursos para construir y operar un albergue o centro de bienestar, le indicó al gobierno local que se debían adoptar políticas que fueran eficaces para lograr esos fines.

Todo el contexto del caso vuelve entonces a la actualidad, en la que aún no se garantiza por completo la protección de estos animales en Popayán y se está a la espera de que la Alcaldía ponga realmente sus manos sobre este asunto o, de lo contrario, se tenga que recurrir a instaurar un incidente por desacato, sobre lo cual un ciudadano, llamado Juan Manuel Satizábal Guevara, ya estaría avanzando ante la falta de soluciones concretas de la Administración ante el fallo.