Tensión en el Concejo de Cali: piden moción de censura contra Ana María Martínez, directora del Departamento de Contratación de la Alcaldía

El Concejo de Cali adelantó este martes el debate de control político a la gestión del Departamento Administrativo de Contratación Pública DACP, a cargo de Ana María Martínez, organismo que debe hacer seguimiento a más de 27 mil contratos distribuidos en las distintas dependencias que conforman la Alcaldía de Cali y que según denuncias allegadas de manera anónima a varios concejales sería una de las dependencias donde se ejerce presión a los contratistas para votar por determinados candidatos al Congreso.

Es importante aclarar que este debate estaba planeado para el 21 de octubre, pero una incapacidad médica de la funcionaria citada, generó el aplazamiento del mismo.

Edison Lucumí Lucumí, Presidente del Concejo, consideró pertinente que desde la Administración Distrital se hagan las claridades a las denuncias hechas por varios concejales ante la directora del DACP, por eso acogió la solicitud del Concejal Marlon Andrés Cubillos Borrero, para continuar en otra sesión el control político a la dependencia en mención.

Ana María Martínez aclaró lo referente a la gestión realizada desde el DACP en relación a los 27.386 contratos existentes en la Alcaldía Distrital, de los cuales el 90% de la contratación directa de contratos y convenios interadministrativos se habían hecho en Cali por $106 mil millones. De esos contratos en Cali, la mayoría está en las secretarías de Deporte, Salud, Cultura y Bienestar Social, entre ellos, el Petronio y las UTS para primera infancia.

Marlon Andrés Cubillos Borrero, concejal citante, solicitó conocer las acciones de garantías y transparencia al interior de la Administración para que las denuncias hechas de presiones no se repitan en lo que resta del periodo del gobierno local. Cubillos Borrero consideró que dada las denuncias hechas desde el Concejo, la directora del DACP prepare las respuestas que demanda la corporación.

La concejal María del Carmen Londoño, preguntó a Martínez ante qué órganos de control se han interpuesto las denuncias por posibles constreñimiento a los contratistas que eran citados a la denominada ‘casa blanca’ o sede del nuevo liberalismo, por Ana María Martínez y los señores Manuel Venancio y el señor Francisco Javier Acosta, asesores del DACP.

“Citaban allí a los contratistas para solicitarles votar por dos candidatos al Congreso de la República”. La cabildante María del Carmen Londoño también indicó que la práctica similar se hizo con contratistas a quienes citaron para votar por Paola D Haro en la consulta del Pacto Histórico.

La Concejal dijo que los documentos que le hicieron llegar a su correo los trasladó a la Fiscalía y la Procuraduría.

Otro de los cabildantes que se pronunció fue Roberto Ortiz, quien hizo referencia al mismo correo anónimo que mencionó María del Carmen Londoño.

Ortiz Urueña, entregó el dossier de denuncias a la funcionaría Ana María Martínez, directora del DACP organismo de donde salen las denuncias y a la Secretaría General para el trámite ante los órganos de control competentes.

Asimismo, el Concejal explicó “que del DACP se cobran coimas vía nequi, todo un esquema criminal, cuyo número se cambiaba cada mes, obligando a los contratistas a pagar bajo presión para continuar en el puesto de Prestador de Servicios”.

Además, el cabildante James Agudelo Arévalo, preguntó si el DACP tiene competencia para cambiar requisitos de experiencia, habilitantes y ponderación, o si lo han hecho. “Urge saber si esos requisitos que envían las secretarías los cambian en DACP”.

La concejal Ana Erazo, Segunda Vicepresidenta, recordó que en el año 2023, en pleno proceso electoral, Alejandro Eder, hacía promesas, en torno a que iba a llegar a mejorar procesos de transparencia, entre ellos a los Prestadores de Servicio, a quienes invitó a no dejarse “apretar” de otros candidatos.

“Hoy dos años después, por donde uno toque, especialmente en DACP, sale pus compañeros. En medio de tantos escándalos en esa dirección (DACP) hoy tengamos a la funcionaria aquí cuando debió dar el paso al costado. No se le puede preguntar si ya denuncio o pidió la investigación, cuando es ella (Martínez) la que debe ser investigada por la presunta corrupción que existe en esa dirección”, indicó Erazo.

“Tenemos conocimiento de personas con varios contratos, pero que obligan a otros a que les hagan las cuentas de cobro, otros que no están en el país, pero prestan servicios a la alcaldía de Cali”, denunció Erazo Ruiz.

Por su parte, el concejal Rodrigo Salazar Sarmiento, dijo a su turno, que urge aclarar sobre consultorías contratadas desde Bogotá para el DACP de Cali, puesto que no cumplirían con la misión del organismo. Igualmente otras contrataciones onerosas que estarían generando duplicidad de funciones, donde un particular suplanta la función del DACP.

Finalmente, el concejal Flower Enrique Rojas, indicó que de ser cierto las denuncias que hacen los concejales en plenaria, “sería la tapa de la olla y desastrosa para la Administración Distrital”. Por eso propuso llegar hasta las últimas consecuencias con las denuncias que se hacen y llegar a la verdad.

A la funcionaria, al final de la sesión, no se le permitió hablar y solo hasta este miércoles 12 de noviembre tendrá la palabra.