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Estos son los detalles tras el desbloqueo logrado con la Minga Cali
Moradores y trabajadores del sector piden más vigilancia y seguridad para que esto no se vuelva a repetir en esta zona importante para el área de la salud.
Tras un diálogo constante, las autoridades lograron concertar dos mesas de trabajo para evaluar y dar respuesta a las peticiones y necesidades de los integrantes de la minga.
“Entramos en diálogo buscando una reconciliación con las personas de la Minga Cali y logramos acordar tener mesas técnicas el 2 de agosto y el 20 de agosto, no solo con oferta institucional de la Alcaldía de Cali, sino también del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental para tratar de buscar alternativas de solución para toda la comunidad caleña que tiene retos en términos de vivienda y hábitat”, dijo Diego Hau, secretario de Gobierno de Cali.
“Garantizamos el derecho a la protesta social, pero también el derecho a la movilidad, el empleo y el desarrollo del sector “, recalcó Hau.
La primera propuesta de parte de la Administración fue la realización de una mesa técnica el 20 de agosto, pero los integrantes de la protesta no la aceptaron. Mientras que los diálogos se adelantaban, el edificio donde funciona la Secretaria de Vivienda, el Dagma, la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana, EDRU; Contraloría de Cali, entre otros, tuvo que ser cerrada.
Además, los representantes de la Minga se presentaron ante el Concejo de Cali para dar a conocer la razón de sus quejas y peticiones.
Pero cuando la secretaria de Vivienda de Cali, María del Mar Mozo, trató de dar a conocer que estaban abiertos al diálogo y las alternativas que tenían, los integrantes de la minga irrumpieron su presentación y se retiraron de inmediato.
Hay preocupación de la comunidad
Habitantes del sector, trabajadores y hasta las personas que eran atendidas en la Clínica Versalles, y en la Clínica de Occidente, manifestaron su preocupación en caso de que esta situación se vuelva a presentar.
Muchas fueron las personas que tuvieron que cambiar de lugar para poder laborar, algunos habitantes señalaron sentirse presos en sus propios edificios debido a que para salir de sus casas no podían utilizar sus vehículos porque los protestantes ocupaban las aceras y temían por su seguridad.
A esto se sumaron varios de los enfermos de las clínicas quienes denunciaron a través de las redes sociales que el ruido se había convertido en un problema, y quienes se transportaban en ambulancias para llegar algunos de los dos centros asistenciales se demoraban más de 30 minutos en poder pasar la Avenida Sexta, ya que había bloqueos temporales.
El concejal Juan Felipe Murgueitio , quien había pedido a la Alcaldía una salida inmediata a la situación, porque se estaban afectando los derechos de la gente, espera que esto no se repita.
“Era importante salir de esta situación de manera pacífica, pero es también natural que las personas del sector se sientan preocupadas por que esto vuelva a suceder. Fueron cuatro días en los que sus derechos se vieron vulnerados, no solo las personas que habitan en el sector, sino los usuarios de los centros médicos”, dijo.
A lo que añadió que para que esto no se repita, es importante que haya presencia de fuerza pública, que haya autoridad, que se tomen medidas de seguridad que garanticen los derechos de todos.
“Hay que mantener el diálogo también, hacer seguimiento a los compromisos, responder lo que le corresponda a la administración, hacer la gestión con el gobierno nacional y departamental cuando sea el caso”, sostuvo el concejal.
Para Murgueitio, esta es una muestra del antecedente que hay en Cali, con la falta de autoridad que se ha tenido en los últimos años.
“Cualquier grupo considera que la forma más efectiva de hacer peticiones, hacer exigencias, ser escuchados es por medio de vías de hecho. Eso tiene que cambiar. Por un lado, la administración tiene que estar dispuesta a escuchar a todos los sectores y dar respuestas, pero por el otro también tiene que haber garantías de autoridad”, insistió.
Lo que pide la minga
Bernarda Pavón, vocera de la Minga Cali, explicó que diferentes familias del Oriente y de la Ladera conformaron el denominado Refugio Humanitario. Allí se encontraban familias desplazadas por el conflicto armado, afrodescendientes, indígenas, sobre todo de población Yanacona; arrendatarios, fundaciones, y organizaciones.
Según contó, llevan más de 15 meses en un diálogo de oídos sordos con la administración anterior y con la administración de Alejandro Eder, donde no se les ha dado ninguna solución o respuesta efectiva y clara a las familias.
“No queremos más desalojos, se hace necesario que esta administración asuma un protocolo de garantías de derechos que protejan a las familias que se encuentran en los asentamientos de desarrollo humano incompleto, o que van a hacer afectadas por el proyecto del Tren de Cercanías”, aclaró.
A la vez que explicó que quieren proponerle a esta administración crear un Banco de Tierras en concurrencia con la SAE y el Gobierno Nacional, para poder construir barrios de paz por autoconstrucción.
Lo que dice la Alcaldía
Cabe mencionar que en un comunicado emitido por la Alcaldía tras la llegada de la Minga al barrio Versalles, la administración precisó que frente a las exigencias de acceso a tierra, territorio y vivienda digna que realizó este grupo de ciudadanos, en reiteradas ocasiones les habían solicitado información básica, con el fin de realizar la caracterización para evidenciar las condiciones de vulnerabilidad, “sin que a la fecha se haya logrado avanzar, debido a la no entrega de los datos correspondientes”, detalló la Administración.
Y además anunció que se encuentran a la espera de la expedición del decreto de autoconstrucción, que debe ser emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
