Cali, una ciudad que vive entre bloqueos, miedo y descontento ciudadano

La rutina en el sur de Cali se ha vuelto incierta. En las últimas semanas, los cierres viales y disturbios cerca de la Universidad del Valle, sede Meléndez, han vuelto a poner en jaque la movilidad de la ciudad. Estaciones del MIO y las principales vías del sector como la Avenida Pasoancho y la Carrera 100, se han convertido en escenarios de tensión, donde el tránsito se detiene y el miedo se instala entre los residentes.

“El cierre preventivo afecta a miles de usuarios, no solo estudiantes, sino también docentes y habitantes de los barrios aledaños”, asegura Angie Estupiñán Díaz, edil de la Comuna 17 y vicepresidenta de la corporación local.

Estupiñán explica que la comunidad ha sostenido mesas de trabajo con la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, buscando soluciones que mitiguen los impactos en movilidad y seguridad. “Hemos pedido que se priorice el bienestar de la comunidad. No podemos seguir con cierres semanales que paralizan la ciudad. Es necesario unir fuerzas para atender esta problemática que ya es estructural”, señala.

El sur de Cali, una de las zonas más transitadas y de mayor crecimiento urbanístico, se ha convertido en el punto de mayor afectación. “Ya no se puede seguir permitiendo esto. Se bloquea la gente de Ciudad Jardín, del Valle del Lili, de Calicanto, del Caney, todo el sector. La gente pierde horas para llegar a su trabajo o a su casa. Esto no puede seguir siendo la normalidad”, reclama Manuel Eduardo Ceballos, presidente de la Junta de Acción Comunal del Valle del Lili.

Ceballos cree que no todos los protagonistas de los bloqueos son estudiantes. “Yo no creo que los estudiantes verdaderos estén detrás de esto. Hay gente infiltrada en la universidad. Falta control, y eso termina estigmatizando a quienes sí van a estudiar”, comenta.

De hecho, el jueves pasado en el Concejo de Cali, Luis Carlos Castillo, profesor de la Universidad del Valle y jefe de la oficina de planeación de la institución, dijo que ellos no tienen conocimiento sobre quiénes son los encapuchados que ingresan al campús a hacer desmanes y dejó claro que no están matriculados en ninguna de sus carreras.

La situación ha deteriorado la sensación de seguridad. “Es la primera vez en mi vida que me da miedo salir de Cali. No se están tomando medidas drásticas y eso tiene a la gente cansada. El sur se siente abandonado”, dice el líder comunal.

El impacto se siente de inmediato en el sistema de transporte masivo. Cada vez que se cierran los accesos al campus, las rutas del MIO deben desviarse y estaciones como Universidades suspenden operaciones.

“Me toca bajarme en estaciones lejanas y caminar más para llegar a clase. Se retrasa todo: el estudio, el trabajo, los tiempos”, comenta una estudiante quien prefirió omitir su nombre. Las demoras, los desvíos y la incertidumbre hacen que los pasajeros eviten el sector y muchos trabajadores optan por cambiar de ruta para no quedar atrapados en medio de los bloqueos.

Anthony Parra Escarria, edil y presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 17, describe el panorama con preocupación. “Es angustiante que cada vez que se presenta un bloqueo se vean afectados miles de habitantes. No estamos hablando solo de trancones, sino de vandalismo y destrucción de bienes públicos”, advierte.

El edil menciona los recientes hechos en los que fueron incendiados dos camiones y atacado un local comercial. “Esto no es una protesta pacífica. Hay personas ajenas al movimiento estudiantil que generan caos. La comunidad pide investigaciones, judicialización y resultados”, sostiene.

Parra plantea, además, la necesidad de fortalecer la inteligencia y vigilancia alrededor del campus. “La Gobernación, la Alcaldía y la Policía deben articularse. Es urgente instalar cámaras de vigilancia y revisar los protocolos de intervención”, añade.

Lo que ocurre dentro del campus

Mientras en los barrios el descontento crece, dentro de la Universidad del Valle también se respira inconformidad. Una estudiante de comunicación social explica que la comunidad universitaria vive una situación compleja. “No todos los estudiantes sabemos a qué responden estos bloqueos. La mayoría no estamos al tanto de ninguna manifestación y cuando ocurren, nos enteramos por redes o por los cierres del MÍO”.

La joven diferencia entre las protestas organizadas por estudiantes y las acciones de encapuchados. “Las movilizaciones estudiantiles suelen tener una difusión clara y se hacen sin capuchas, dentro de las asambleas, con propósitos definidos. En cambio, lo de los capuchos es distinto: hay anonimato extremo y no se sabe siquiera si hacen parte de la universidad”.

Otro estudiante coincide en que los bloqueos están ligados al descontento acumulado por problemas de infraestructura y seguridad. “Este año ha sido muy difícil. En mayo murió una compañera dentro del campus y la comunidad sintió que la universidad no respondió de manera empática. A eso se suman el mal estado de los edificios, los cortes de energía y la falta de mantenimiento”, señala.

La posición de la Universidad

“Estas personas que salen a hacer bloqueos son extrañas a la Universidad. Nosotros tenemos que tomar medidas y las hemos tomado. Hemos reforzado los controles de acceso, se ha hecho control con cámaras para el acceso de vehículo y se ha hecho la vigilancia de una malla de un millón de metros cuadrados que rodea el campus”, indicó Luis Carlos Castillo, profesor de la Universidad del Valle y jefe de la oficina de planeación.

“Dentro de la Universidad hemos puesto cámaras, sistemas de seguridad de acceso y hemos intentado que los visitantes se concentren en un área específica, pero nosotros como universidad no tenemos funciones policiales”, indicó Luis Carlos Castillo.

Los vecinos de la Comuna 17 aseguran que, más allá de la protesta, lo que se vive es un deterioro generalizado del orden público. “Cuando se cierran las vías, hay personas que no pueden llegar a trabajar, ambulancias que se demoran en pasar y comercios que deben cerrar por prevención”, explica Estupiñán.

El edil Parra también advierte que la situación ha tenido consecuencias económicas graves. “Los restaurantes, los hoteles y los comercios de la zona han registrado pérdidas millonarias. Hay familias que dependen del flujo diario de personas y que hoy ven su sustento comprometido”, comenta.

Los habitantes coinciden en que la convivencia entre el campus y la comunidad necesita replantearse. “No queremos estigmatizar a los estudiantes, pero sí necesitamos garantías para vivir tranquilos. Los bloqueos deben cesar y las causas que los provocan deben atenderse”, dice Estupiñán.

No obstante, los bloqueos no son solo los alrededores de la Universidad del Valle, hace unos días también se registraron cierres en puntos como la Calle 5 con Carrera 94, en el sector Meléndez, motivados por la falta de agua potable en varios barrios de la comuna 18, lo que generó desvíos y caos vehicular.

Asimismo, en el norte de la ciudad, la protesta a favor de Palestina obligó a cerrar temporalmente la Avenida 1 Norte con Calle 7N, en inmediaciones del CAM y Bellas Artes. En ese punto, manifestantes con banderas y carteles exigían visibilidad para la crisis humanitaria internacional.

Ciudadanos y líderes comunales aseguran que la situación se ha vuelto insostenible. Samuel Montealegre, un trabajador que se desplaza a diario entre el Norte y el Sur, relata una experiencia: “una vez me demoré casi dos horas por un bloqueo. Entiendo que las protestas son necesarias, pero cuando se cierran las vías se perjudica mucha gente que no tiene nada que ver con el problema. Si se va a protestar, debería hacerse sin bloquear las calles.”

Desde el Norte, la edil de la Comuna 2 Adriana Reyes, reconoce que las manifestaciones pueden ser una herramienta válida para visibilizar reclamos, pero insiste en que deben realizarse con responsabilidad. “Hay personas que pierden su trabajo, su cita médica o la oportunidad de ir a una clase a estudiar. Es necesario reglamentarlas para que no terminen afectando al ciudadano del común”, sostiene.

Todos coinciden en que la protesta es un derecho legítimo, pero su práctica descontrolada está generando una ciudad cada vez más fragmentada.