La SIC impuso sanciones millonarias en Yumbo, por prácticas restrictivas en la prestación del servicio de aseo

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó las sanciones impuestas al Municipio de Yumbo por más de $1.300 millones por prácticas que vulneran el régimen de libre competencia en la prestación del servicio público de aseo en el país. El hecho se produjo mediante la resolución No. 22250 de 2025.

La medida ratifica lo dispuesto en la resolución No. 53933 de 2024, donde la SIC determinó que es ilegal que los municipios, al finalizar contratos de operación o concesión en los que no existen áreas de servicio exclusivo, reasignen de manera automática y unilateral los usuarios que eran atendidos por un operador a sí mismos o a un tercero.

Esto sin mediar un proceso de competencia transparente o una autorización legal expresa.

“En este caso los hechos se relacionan con el Municipio de Yumbo, donde las autoridades locales entregaron de manera directa los usuarios a una nueva empresa, al vencerse el contrato del operador anterior, sin sustento jurídico válido”, señaló la SIC.

La Superintendencia consideró que esta actuación restringe gravemente la libre competencia, lesiona los principios de neutralidad y transparencia, y afecta a los operadores legítimos y a los derechos de los usuarios.

Entre las sanciones impuestas, la SIC determinó que el Municipio de Yumbo, como persona jurídica, deberá pagar $920 millones; mientras que la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Yumbo (ESP), tiene una multa equivalente a $316 millones.

La sanción también se extiende al Alcalde del Municipio de Yumbo, como persona natural, el cual fue multado con $60 millones; al igual que el gerente de la Empresa, como persona natural, con $1.346.535.

Dichas sanciones se convierten en un precedente contundente en el sector de servicios públicos, ya que con ello se advierte a las entidades territoriales sobre la obligación que tienen de respetar los principios del régimen de competencia, evitando tomar decisiones arbitrarias al finalizar los contratos de operación.

Además, el pronunciamiento de la SIC tiene implicaciones directas en la forma en que se transfiere la operación del servicio de aseo en cientos de municipios del país.

“Estas decisiones refuerzan la necesidad de garantizar procesos públicos, transparentes y enmarcados en la legalidad, especialmente cuando están en juego derechos de los ciudadanos, equidad empresarial y estabilidad del servicio”, manifestaron a través de un comunicado desde la SIC.

La decisión representa así mismo un llamado de atención a los alcaldes, gerentes de empresas de servicios públicos y consejos municipales para que se abstengan de adoptar prácticas que infrinjan la ley de competencia, so pena de responder patrimonial y personalmente ante las autoridades.