Gobernación del Valle pide celeridad en el pago de la deuda con la Red Pública de Salud: “La situación empeora cada día”

La atención en salud sigue siendo una de las preocupaciones principales del gobierno departamental en el Valle, casi un mes después de que la Superintendencia Nacional interviniera a Sanitas y Nueva EPS. Desde la Gobernación expresaron que aún no hay luces sobre el pago de la deuda con la Red Pública.

Los hospitales y las clínicas en el Valle que integran la red están enfrentando momentos precarios por cuenta de los $ 2 billones que representa el no pago oportuno por parte de la Nación y las EPS no intervenidas.

“La situación empeora cada día porque no hay recursos adicionales, las EPS fueron intervenidas por un déficit presupuestal que no ha sido compensado de ninguna forma y eso impide el pago oportuno a los hospitales. Nosotros estamos observando cómo disminuyen los techos de recepción de facturación para pagos de las EPS aún no intervenidas, y que no llega ni lejos a cancelar el 50 %, como dice la Ley, de lo radicado el mes anterior”, explicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

Añadió que su organismo ha estado mostrándole al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional las deficiencias que se están viviendo y la preocupación por las consecuencias que pueden llegar a la atención de los usuarios, al ser el último eslabón en la cadena.

Otro ítem que tiene en vilo a las autoridades es que no se están realizando los abonos por las facturas no pagadas de meses anteriores, y cuyos recursos se requieren para no generar un mayor atraso y dar un poco de alivio a la Red Pública de Salud.

“Para nosotros presupuestalmente significa abono a proveedores o a deudas que tenemos y no al giro directo para el funcionamiento del mes. Eso hace que la situación cada vez sea más crítica en los servicios de salud y no vemos una solución en el corto plazo”, advirtió la Secretaria de Salud.

La urgencia por soluciones radica en que, de acuerdo con la entidad, ya se empezaron a registrar cierres en algunas instituciones por la incapacidad de seguir operando con insuficiencia de recursos. Lesmes entregó la solución que percibe: “La exigencia del departamento es el pago de por lo menos el 50 % de lo radicado en el mes anterior como dice la Ley, y un poco más sobre la facturación que se debe de meses anteriores”.

Este panorama se recrudece en el marco de unas mesas de diálogo que la Nación ha desarrollado con varias EPS para que se integren a su propuesta de reforma a la salud, mientras aún se recuerdan las palabras del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ante la Corte Constitucional, cuando reconoció que la UPC aprobada para las aseguradoras para 2024 no es suficiente.

Desde los gremios y la mayoría de los sectores políticos se emiten comentarios constantemente sobre la crisis financiera que afronta la salud en Colombia. La secretaria Lesmes sugirió que el Sistema General de Seguridad Social “requiere de recursos adicionales del pago oportuno por parte de la ADRES de los presupuestos máximos, y de un ejercicio nacional de incrementar los recursos para poder encontrar una situación de pago racional a nuestros prestadores de servicios de salud”.

Mientras tanto, aún no se avizora una salida que pueda significar oxígeno para las clínicas y hospitales públicos en el departamento del Valle y en Cali, muchos de los cuales están funcionando con sus últimos recursos mientras otros ya les deben varios meses de salario a sus empleados.