La esperanza de salvar algo de la llamada ‘paz total’ se esfuma con el aumento de homicidios en Buenaventura, la injerencia de grupos armados y del narcotráfico sobre Shottas y Espartanos, el fortalecimiento militar de estas bandas en el último año y los celos políticos en el alto Gobierno.

Aunque el acuerdo pactado entre las mayores bandas criminales que operan en el principal puerto colombiano sobre el Pacífico se venció el pasado 5 de febrero, desde varios meses atrás había retornado el terror a algunos barrios y comunas y el resultado es el incremento este año de un 128 % en la cifra de homicidios, según datos de la Fundación Ideas para la Paz.

Buenaventura registra en lo corrido del 2025 más de 50 homicidios, cuando en el 2024 el promedio era de apenas 5 muertes violentas por mes y la mayoría no guardaba relación directa con la confrontación entre Shottas y Espartanos por el control territorial para las rutas del narcotráfico.

Un año y medio después de esa tregua, promovida por la Iglesia y la sociedad civil, y a la que después se montó el Gobierno y la matriculó en la llamada paz total, Shottas y Espartanos culpan al Gobierno de su decisión de no seguir en la mesa por la falta de un marco jurídico que dé tranquilidad a sus jefes para permanecer buscando acuerdos para su sometimiento.

Una verdad a medias, según los expertos consultados, porque mientras en la mesa se encontraban los representantes de estas bandas criminales con el Gobierno, la Iglesia y organismos garantes, ambas estructuras continuaban su accionar delictivo y sembrando el terror en barrios y comunas.

“La tregua le interesa al Gobierno porque Shottas y Espartanos dejaron de matarse entre ellos, y eso es lo que celebran. Pero la zozobra en la comunidad ha sido la misma; incluso, peor que antes de la tregua”, asegura un líder social en Buenaventura bajo reserva de su identidad.

“Aquí fueron muy pocos los días de tranquilidad. Todo el mundo hablaba de la tregua y en los noticieros, pero en muchos barrios la gente estaba encerrada en sus casas, amenazada, sin el derecho siquiera de huir porque prohibieron el desplazamiento para no llamar la atención de los medios. Nadie puede salir con maletas o dejar desocupada su casa. Es obligatorio confinarse”, aseguró el líder social.

Las costuras del proceso se habrían reventado en diciembre pasado con el asesinato en Cota (Cundinamarca) de uno de los líderes de las bandas que operan en Buenaventura y la posterior masacre en enero pasado de la familia de su compañera sentimental en el Bulevar de Oriente, en Cali.

Sin embargo la mesa se sostuvo y los peores temores surgen a raíz del asesinato esta semana en Buenaventura del hijo de alias Robert, uno de los líderes de los Espartanos y cabecilla de la banda criminal Los Chiquillos, quien permanece preso. El pacto explícito entre criminales de no tocar con la familia fue roto y se teme que la mayor escalada violenta esté por venir.

Ya en redes sociales circuló un video en el que alias Robert aseguraría desde la cárcel que morirá quien tenga que morir, mientras otro video que apareció en Instagram un día después de la muerte del hijo del cabecilla de Los Chiquillos advierte que van a morir familiares, sean hombres, mujeres o niños, y novias de los integrantes de la banda criminal los Shottas.

“La escalada de violencia en Buenaventura es alarmante. El enfrentamiento entre Shottas y Espartanos, y el accionar de otras bandas criminales, ha vuelto a traer la zozobra a nuestro Puerto”, indicó en redes la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

“(...) Buenaventura necesita acciones inmediatas para recuperar la paz y la seguridad; es por eso necesaria la fuerza y presencia de toda la institucionalidad nacional. No podemos perder el control del territorio. Es momento de actuar con decisión y contundencia”, indicó la Mandataria.

Entre tanto Daniel Luz, jefe de la Oficina Regional Cali de la Misión de Verificación de la ONU recordó que “con el establecimiento de la tregua entre las bandas en septiembre de 2022 y que se sostuvo hasta inicios de este año, se vio una reducción destacable de los homicidios en Buenaventura. Esto significó un alivio importante para la comunidad, que ha sufrido por décadas múltiples violencias” e indicó que: “es urgente adoptar medidas para la protección de las comunidades”.

Se confiaron en los criminales

Es inexplicable para algunos en Buenaventura que la tregua fuera entre Shottas y Espartanos, que no fue una tregua con el Gobierno, y aún así la Fuerza Pública redujo su accionar supuestamente en la lucha contra la criminalidad en el Puerto.

Ha sido un año y medio en el que estas bandas criminales, tal como ha ocurrido con otros grupos armados en el marco de la paz total del gobierno de Gustavo Petro, han tenido enormes ventajas para reacomodarse, fortalecerse, armarse y establecer todo tipo de relaciones con otras organizaciones ilegales dentro y fuera del país.

“El Estado local leyó mal y terminó bajando los brazos. Mientras existía una tregua que fue importante porque redujo notablemente los homicidios, detrás de ese instrumento estaba creciendo la desaparición forzada, estaba incrementándose el control territorial de las bandas criminales, estaba fortaleciéndose el poder criminal de las bandas y la tregua se convierte también en un aparato que permite el fortalecimiento y salud de sus finanzas. Empezó a desfigurarse la voluntad de paz”, dijo el jefe de la delegación para el Espacio de Conversación en Buenaventura, Fabio Cardozo.

El País conoció informes oficiales que detallan que en los últimos meses se han presentado reuniones en Cali y Buenaventura de delegados de Shottas y Espartanos para cerrar alianzas con organizaciones armadas y del narcotráfico, incluidos carteles mexicanos.

Willy A. Valdivia, director de investigación de la empresa de seguridad nacional Orion Integrated Biosciences, que realiza estudios sobre la estructura y la dinámica de las organizaciones criminales transnacionales en Latinoamérica, indicó que era evidente que los resultados de la mesa estarían mediados “por el costo económico del proceso y un factor que nunca se tuvo en cuenta: el actor internacional que negocia con estas organizaciones criminales, pero que no está interesado en el proceso de paz”.

“Lejos de promover una desmovilización genuina, los diálogos se convirtieron en una herramienta tácticamente explotada por estas organizaciones para ganar tiempo, consolidar control territorial y fortalecer alianzas estratégicas con carteles mexicanos, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo”, concluye Valdivia en uno de los recientes informes.

La ausencia de incentivos reales para abandonar las rentas ilícitas del narcotráfico y la extorsión reveló la fragilidad de una paz negociada sin condiciones efectivas de sometimiento. Las consecuencias de este deterioro son profundas y muestran patrones de grupos criminales en Ecuador y Brasil, señaló Orion Integrated Biosciences.

Esta situación ha servido para darnos cuenta que el famoso proceso de paz en Buenaventura estaba pegado con babas, aseguró un dirigente político en el Puerto. “Que si las cosas salían bien sería un logro de la paz total, pero si fracasaba, como estamos viendo, entonces ese era un acuerdo entre ellos, pero no era una tregua de esas bandas con el Gobierno”.

Entre tanto el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, integrante del Pacto Histórico, dijo que Shottas y Espartanos no han parado sus actividades porque el Estado no ha negociado con ellos; “el Estado no tiene una propuesta para ellos porque el señor Alto Comisionado no ha sido capaz de presentar una ley o hacer un acuerdo para que ellos se sometan a la justicia y hoy ellos no tienen nada claro”.

“Ellos lo quieren hacer pero no tiene la seguridad ni la ruta porque el Comisionado no la ha sacado; no le importa. Pero ellos quieren retirarse, quieren vivir tranquilos, que no los persigan. El comisionado no ha hecho lo que tiene que hacer y entonces manda a los otros allá y negocian una tregua, pero no negocian un sometimiento porque no han adelantado la tarea; eso es lo que pasa. Pero ellos quieren la paz”, aseguró Ocampo.

En respuesta, aseguró Fabio Cardozo que hay mucha desinformación porque “el quebrantamiento de la tregua nada tiene que ver con las expectativas que tienen las bandas en relación con el proceso, ni la ausencia de un instrumento jurídico que permita darle soporte y garantías al proceso. Un mecanismo jurídico que las bancadas de oposición al Gobierno decidieron hundir en el Congreso (...) eso lo saben las bandas en Buenaventura y no obstante la ausencia de ese instrumento legal, están sentados en la mesa y no se han levantado ni siquiera en medio de la crisis”, aseguró Cardozo.

El jefe de la Regional Cali de la Misión de Verificación de la ONU, Daniel Luz aseguró a El País que “de cara al futuro, en la valoración de una posible reanudación de las conversaciones, será imperativo contar con claridad sobre los propósitos finales de las mismas; que existan muestras de voluntad por parte de las bandas; la adopción de medidas que garanticen la seguridad jurídica para los participantes de la mesa; y la coordinación de acciones entre autoridades nacionales, regionales y locales”.

Celos políticos

Como si no fuera ya demasiado compleja la situación que se tenía que resolver con los representantes de las bandas de Shottas y Espartanos, sumidos en el desgaste de un proceso que no avanzaba y en el que no habían mayores compromisos, las diferencias entre sectores afines al Gobierno generó también sus propias tensiones.

Varios cambios ordenados en el mes de mayo del 2024 por el alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, en los que quedaron por fuera personas muy cercanas al gobierno de Gustavo Petro por supuestos protagonismos y celos políticos habrían generado también una afectación a la confianza que se había generado con los delegados de las bandas en la mesa.

En medio de esos cambio fueron sacados de la mesa de conversación socio jurídica de Buenaventura el exsenador y director de Planeación Nacional, Alexánder López; el garante de los acuerdos del Paro Cívico en Buenaventura y representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, y Luis Guillermo Pérez, exsuperintendente de Subsidio Familiar.

En su remplazo ingresaron el exsecretario de Paz del Valle del Cauca, Fabio Cardozo, un docente de la Universidad del Pacífico y cercano al Comisionado de Paz, y a la secretaria del Superintendente de Subsidio Familiar como negociadores en una comisión de paz.

“Son gente que seguramente tiene voluntad de aportar al proceso, pero que infortunadamente no tiene la cercanía ni el contacto directo con el Gobierno Nacional como sí lo tenían las personas que salieron de la mesa, y eso dificulta o hace que sea más lenta cualquier decisión o información que se requiera en un momento determinado”, dijo el representante de una de las organizaciones de la sociedad civil en Buenaventura.

Consultado el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, indicó que los integrantes hoy en la mesa no tienen la capacidad institucional para poder moverse, acortar y desarrollar cosas. “Y Otty Patiño no se las da y nombra una comisión que no tiene mucha interlocución con el Gobierno sino con él, porque Cardozo es amigo es de él y de Dilian, de nadie más, y no tiene la interlocución para lo que hay que hacer en Buenaventura”.

“El Comisionado remplaza la mesa, arranca un nuevo proceso, a la gente le da desconfianza el proceso, a nosotros nos toca ayudar para que la vaina no se caiga y entonces la cosa no funciona bien porque el señor Comisionado nos saca por un tema de odio político”, aseguró Ocampo, al indicar que el Gobierno sí tiene que ver con el proceso y culpó a Cardozo de desconocer lo que se ha hecho.

En diálogo con El País, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Fabio Cardozo, señaló que por un asunto “de rentas ilegales estos grupos rompieron la tregua, pero nada tiene que ver el Gobierno, nada tiene que ver el Alto Comisionado y nada tiene que ver los ritmos del espacio de conversación social. Eso es mas el resentimiento de algunas personas con el Alto Comisionado porque hubo un relevo en la conformación del espacio”.

Si embargo, insiste Ocampo, en que Cardozo “es un tipo que no cumple con los acuerdos a los muchachos, no ayuda en nada, no recoge a nadie de la comisión para preguntar cómo les fue y pareciera tener interés en que la cosa no funcione”.

Al respecto, aseguró Cardozo que “yo no estoy para sentarme a tomar cerveza con ellos (delgados de Shottas y Espartanos); yo tengo claro mi papel y yo represento al Estado. Yo soy un profesional y lo que quiero es avanzar, y para avanzar no necesita uno volverse amigo de los voceros de los grupos armados, sino que me interesa que definamos una ruta; ellos están de acuerdo en la ruta, y tanto que nos han mandado comunicaciones estas semana ratificando la decisión de avanzar en el proceso de conversación con los otros y eso es un buen indicador”.

“Pero efectivamente, ellos no son amigos míos en términos personales, tampoco enemigos, ni más faltaba, son mis interlocutores y entiendo que con ellos podemos nosotros avanzar si existe una auténtica y sincera voluntad de paz; es eso lo que me interesa”, señaló Cardozo.

Los pronunciamientos a los que se refiere el exsecretario de Paz del Valle son del lunes pasado, en el que los Shottas le envían una nota manifestando y ratificando su voluntad de paz, seguido de una nota del pasado miércoles en la que los Espartanos señalan que de manera definitiva están interesados en mantenerse en la mesa, con lo que se mantiene la interlocución de los voceros.

Un oasis en medio de la zozobra y la desolación que ha generado en Buenaventura con la ruptura de la tregua entre las dos bandas que han atemorizado, azotado y teñido de sangre en las últimas décadas la ciudad portuaria.