Más de 40.000 víctimas del conflicto armado en el Valle recibirán reparación del Gobierno Nacional; estas son las comunidades beneficiadas

Comunidades indígenas y afrodescendientes de Colombia comenzarán a recibir reparación por parte del Gobierno Nacional, debido a una serie de consecuencias generadas por el conflicto armado a través de los años.

Se beneficiarán más de 40.000 personas, entre estas los resguardos indígenas Triunfo Cristal Páez y Kwe’sx Yu Kiwe, y los Consejos Comunitarios que agrupan a las comunidades afrodescendientes del Alto y Medio Dagua, Anchicayá, Bajo Calima, Córdoba-San Cipriano, Río Naya, Citronela, Bahía Málaga, Raposo, Mayorquín, La Gloria, Cisneros y Cajambre.

Lo pactado es que reciban una serie de indemnizaciones que les permitirán seguir con sus proyectos productivos.

“Este reconocimiento por la unidad ha sido significativo porque desde el 2015 han pasado muchas autoridades que han hecho el esfuerzo para poder ser reparadas, pero hoy están muchas familias felices por esta noticia de la indemnización colectiva”, expresó Julio César Lulico, gobernador del Resguardo Triunfo Cristal Páez.

Los resguardos indígenas que serán beneficiados están ubicados en el municipio de Florida, sur del Valle del Cauca, mientras que las comunidades afrodescendientes contempladas se ubican en Buenaventura.

“Es un proceso que tenía alrededor de ocho años en ruta de reparación colectiva y, en el marco de este Gobierno, logramos avanzar a la protocolización. Es así como, a través del esfuerzo de las comunidades, hoy se está hablando de implementación”, comentó Rosiris Angulo Herrera, directora de la Unidad para las Víctimas en la territorial Valle del Cauca.

La funcionaria expresó que esta es una muestra de que se están tendiendo puentes entre la institucionalidad y las comunidades que solicitan reparación por el conflicto armado.

“Esto significa defender la vida, a las comunidades y acompañarlas en sus procesos. Aquí seguimos en la defensa de los derechos colectivos de las comunidades étnicas en el Valle del Cauca”, agregó Angulo.

La Unidad para las Víctimas puntualizó que estas poblaciones fueron víctimas de amenazas, asesinatos, desapariciones y ocupaciones ilegales, hechos que causaron desplazamientos forzados, rupturas sociales y desarticulación familiar.

En total, todos estos hechos afectaron a 4000 personas de los resguardos indígenas y a 40.000 de los consejos comunitarios, tan solo en el Valle del Cauca.

Los beneficiados indicaron que junto con el conflicto se fueron las oportunidades de superación y de empleo, en muchas ocasiones, para cientos de familias. Sin embargo, ahora pueden tener otra esperanza.

“En menos de un año ya tenemos la resolución, lo que significa que hay que seguir articulados para que las comunidades permanezcan en sus territorios”, indicó Julio César González Rivas, representante legal del Consejo Comunitario del Bajo Calima.

Se espera que hoy la Unidad de Víctimas tenga una reunión con los beneficiados de las comunidades indígenas para así seguir avanzando en el proceso.

“De esta manera, la Unidad para las Víctimas continúa avanzando en el camino hacia la dignificación de las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia, reafirmando su compromiso constante de garantizar el reconocimiento de sus derechos y reparación integral”, concluyó la entidad.