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Susana Boreal demanda el decreto que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos de Medellín
Así lo dio a conocer este martes la polémica congresista antioqueña del Pacto Histórico, quien asegura que esta medida firmada por el alcalde Federico Gutiérrez es contraria a las órdenes de la Sentencia C-127 de 2023 del alto tribunal.
La polémica representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Susana Boreal, dio a conocer este martes por medio de un comunicado que el pasado miércoles 7 de febrero le pidió a la Corte Constitucional iniciar un incidente de desacato contra la Alcaldía de Medellín, por el decreto que expidió para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos de la capital antioqueña.
Eso, según argumentó la congresista, se debe a la expedición del Decreto 0044 de 2024, firmado por el alcalde Federico Gutiérrez el pasado jueves 18 de enero.
La solicitud de desacato de Boreal recoge las críticas que ha tenido el decreto desde su expedición por sectores incluso cercanos al alcalde Gutiérrez, que consideran que esta es una medida que hace regresar al pasado y es excesivamente restrictiva.
Comunicado a la opinión pública.⬇️ pic.twitter.com/UMDjY93iWB
— Susana Boreal (@SusanaBoreal) February 13, 2024
Las razones de Boreal
La congresista del Pacto Histórico expone tres razones para demandar dicho decreto:
En primer lugar, según Boreal, la Alcaldía de Medellín no tiene competencia para establecer prohibiciones relacionadas con el porte o consumo de sustancias psicoactivas. Por lo tanto, asegura que esta decisión le corresponde a las asambleas departamentales, los concejos distritales y los concejos municipales a nivel territorial.
La segunda razón se debe a que el decreto solamente impone prohibiciones absolutas al consumo en determinadas zonas de Medellín, por lo que la congresista considera que es válido que se establezcan limitaciones y restricciones en áreas destinadas a la recreación de niños, niñas y adolescentes, y a la vez resalta la importancia de considerar que haya horarios y lugares donde los menores no se encuentran presentes y en los cuales las personas consumidoras “pueden hacerlo sin causar perjuicio alguno”.
Y el último argumento de la política antioqueña de 30 años es que presuntamente el decreto no aborda la implementación desde una perspectiva de salud pública que promueva la prevención de consumos problemáticos y adicciones, así como el fomento de un consumo consciente y responsables para aquellos que toman esta decisión en ejercicio de su libertad”.
“Me preocupa que se siga estigmatizando y criminalizando a los consumidores, excluyéndolos y segregándolos. Personalmente, he experimentado la persecución y el asedio que conlleva esta estigmatización, y no deseo que ningún otro ciudadano pase por lo mismo”, concluyó la congresista petrista, quien hace casi un año reveló durante una audiencia de regulación del cannabis en la Cámara de Representantes que es consumidora de marihuana.
El Decreto 0044 de 2024
El decreto, que fue firmado por el alcalde Federico Gutiérrez el pasado 18 de enero, prohíbe el consumo y porte de la dosis mínima, establecida en la constitución, en lugares como: establecimientos educativos tanto públicos como privados, parques y plazas públicas, centros deportivos y recreativos y cualquier lugar del espacio público donde se realicen eventos donde asistan niños, niñas y adolescentes mientras dura el evento.
La medida establece también un perímetro de 100 metros a la redonda, donde también aplica la restricción.
En caso de que un ciudadano medellinense no cumpla con la norma, el decreto estipula que la Policía Metropolitana podrá imponer multas que van desde los 8 hasta los 32 salarios mínimos diarios, que actualmente superaría la suma de $1.300.000. Además, las autoridades podrán destruir la sustancia.
