Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dice que se “suspenderán” extradiciones de guerrilleros a EE. UU.

El nuevo ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, aseguró este jueves en una entrevista con la AFP que el Gobierno Nacional “suspenderá” las extradiciones a Estados Unidos de guerrilleros vinculados con el narcotráfico y que negocian la paz, en medio de un distanciamiento con Washington.

El mandatario izquierdista enfrenta récords en la producción de cocaína y la peor ola de violencia en una década en Colombia debido a la acción de grupos ilegales como guerrillas y carteles que se financian con el narcotráfico.

La oposición y expertos critican a Petro por su supuesta falta de mano dura con algunas organizaciones que negocian su desarme a tres meses de que Estados Unidos decida si renueva la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas.

Pronunciamiento del Ministro

En el marco de esa cuestionada política de paz, Montealegre dijo que la decisión del Gobierno es suspender las extradiciones de capos del narco vinculados a esos diálogos.

“La regla general es que se “suspenderá” la extradición de que quien colabore efectivamente (con los procesos de paz), sea en la insurgencia, sean las organizaciones al margen de la ley”, dijo en una entrevista en Bogotá.

Montealegre aseguró que el Gobierno ya suspendió las extradiciones de dos narcotraficantes que están vinculados a los diálogos de paz, sin detallar sus nombres.

Uno de ellos fue “HH”, comandante de una facción disidente de la guerrilla ELN y el otro, según medios, “Mocho Olmedo”, un disidente de la extinta guerrilla de las Farc.

Montealegre, un exfiscal y magistrado que apoyó los procesos de paz que desarmaron a la cúpula paramilitar en 2006 y a las Farc en 2016, llegó al Ministerio de Justicia este mes tras la abrupta salida de su antecesora Ángela María Buitrago.

La exministra denunció “presiones” del Gobierno como la firma de un documento en contra de la extradición de un capo guerrillero que solicita Estados Unidos.

Uno de los mayores retos de Montealegre, de 67 años, es sacar adelante la política que Petro bautizó como “Paz Total”.

Con corbata rosada y camisa azul, explica desde su nuevo despacho que el Gobierno antepondrá “las necesidades de paz” en Colombia sobre las solicitudes de extradición de Estados Unidos, aunque irrite a su mayor socio militar.

“Se trata de obtener el mismo fin por diversos caminos (...), desarticular el crimen organizado, acabar con el narcotráfico”, sostuvo.

Si los diálogos finalmente fracasan, el ministro aseguró que los delincuentes solicitados por Estados Unidos serán extraditados “inmediatamente”.

Si Donald Trump no renueva la acreditación a Colombia como socio antidrogas, las Fuerzas Armadas del país sudamericano dejarán de recibir cientos de millones de dólares.

Para acceder al beneficio de la no extradición, los miembros de grupos ilegales deben demostrar su voluntad de desarme, de cesar la violencia y apoyar la sustitución de cultivos de coca, el principal componente de la cocaína.

El ministro prometió un control férreo “para evitar que personas que quieran simplemente burlarse de la justicia internacional ingresen a procesos de paz”.

Recientemente, una investigación de Noticias Caracol reveló que el Departamento de Estado de EE. UU. expresó su “preocupación” a la fiscalía colombiana por la decisión de Petro de suspender las extradiciones.

Colombia es el país de América Latina que recibe más fondos del gobierno estadounidense para financiar la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas.

Según la ONU, la producción de cocaína y número de hectáreas de coca en Colombia alcanzaron su máximo histórico en 2023.

Postura del funcionario

Para Montealegre, una desertificación de Estados Unidos sería “injusta” y reconoce que esa posibilidad le “preocupa”.

“No hay país en el mundo que haga más esfuerzos que Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Esfuerzos que hemos hecho conjuntamente con Estados Unidos”.

El también abogado especialista en derecho penal remarcó la dificultad de negociar la paz con grupos insurgentes que se financian con el narcotráfico.

Medios denunciaron recientemente un supuesto trato diferenciado a líderes guerrilleros como protección en apartamentos de Bogotá. Montealegre defendió este mecanismo como “legítimo” para lograr la paz.

Finalmente, con escasos avances en las negociaciones y a menos de un año y medio de su salida del poder, el presidente Petro está lejos de objetivo de desarticular todos los grupos armados.