Registrador Hernán Penagos le respondió con firmeza a Petro tras no convocar la consulta popular; habló de respetar la ley

En medio de fuertes tensiones políticas, una nueva ruptura institucional genera la respuesta que ha dado el Gobierno a la decisión del registrador nacional, Hernán Penagos, de dejar el decreto de la convocatoria de la consulta popular en manos de las altas cortes.

El presidente Gustavo Petro ha expresado su molestia por esta decisión que, en su concepto, va en contra de la ley.

“El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República y quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace”, expresó el presidente en el consejo de ministros realizado en la noche del martes, 17 de junio.

Por su parte, el registrador Hernán Penagos ha asegurado que su actuación ha sido conforme a la Constitución, señalando que no es juez y quien debe decidir ante estas controversias jurídicas son las altas cortes.

“Entiendo y están en su derecho aquellos que endilgan prevaricato de parte de la Registraduría o del registrador, son sus palabras. Lo que sí les puedo asegurar es que este registrador está actuando en respeto a la Constitución y la ley”, señaló.

Argumentó Penagos que se debe tener una actitud “prudente” al entender la situación tan compleja que vive el país, porque “no se trata simplemente de la convocatoria de una consulta popular, sino del respeto por el principio de la separación de poderes y de una controversia jurídica que puede generar dificultades futuras muy complicadas”.

El registrador reiteró la importancia de los jueces y las Altas Cortes para que definan si se avanza o no en la consulta popular. “Hay que ser prudentes y respetuosos y hay que cuidar los recursos públicos”, agregó.

Precisamente, en medio de este rifirrafe de Penagos y el presidente Petro, se conoció la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que tenía que avalar el registrador.

Por lo que esta nueva tensión se enfriará hasta que el Contencioso Administrativo evalúe una decisión definitiva sobre la legalidad del documento.

Sobre la medida de la suspensión, el Consejo de Estado aseguró que “en ejercicio de una medida cautelar de urgencia solicitada por el demandante, y en aplicación del artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, suspendió los efectos jurídicos del Decreto 0639 de 2025, al advertir que fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República, en los términos previstos en el artículo 104 de la Constitución”.