¿Qué opina Humberto De La Calle sobre el proyecto de ley de sometimiento que propone el Gobierno Petro? Esto fue lo que dijo

En entrevista con El País, Humberto De La Calle, quien fuera el jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las Farc, sostuvo que “Colombia no debe renunciar a la posibilidad del sometimiento de grupos ilegales tan poderosos como los que estamos padeciendo”, pero que hay dos elementos muy negativos en relación con el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Justicia ante el Congreso para buscarle salidas legales a las negociaciones con bandas criminales y disidencias de las Farc.

El exsenador también se refirió a lo que puede suceder en materia legislativa durante el último periodo de este Congreso.

¿De qué debería ocuparse el Congreso de la República en este último periodo legislativo?

Será inevitable que los temas del Gobierno tengan preponderancia. En particular, lo que tiene que ver con la ley de favorecimiento a los grupos ilegales. En segundo lugar, se habla de una nueva reforma tributaria y, en tercer lugar, está pendiente el último punto escalonado de la Jurisdicción Agraria. Me parece que todo esto va a girar alrededor de estas iniciativas. Iniciativas parlamentarias no se ven muchas, pero algo habrá.

¿Y qué opina del proyecto de favorecimiento a los grupos armados ilegales?

Colombia no debe renunciar a la posibilidad del sometimiento de grupos ilegales tan poderosos como los que estamos padeciendo. Sin embargo, hay dos elementos muy negativos en relación con ese proyecto.

Primero, el momento: una situación de gran debilidad del Estado en materia de orden público. Lo que estamos viendo no solo es un aumento de todas las cifras de inseguridad, aun cuando haya alguna moderación en el homicidio y el hurto, pero el problema no se puede limitar a esas cifras, sino a lo más serio que estoy viendo y es un descontrol territorial enorme.

Prácticamente en todas las fronteras, y esto implica un problema ya no de inseguridad, sino de soberanía, estamos viendo de qué manera los grupos ilegales están tomando el espacio del Estado, reemplazándolo y convirtiéndose en autoridades de facto. Está pasando en el Catatumbo desde hace mucho tiempo, en Arauca, en Guaviare hay una guerra de grupos ilegales; hay zonas prácticamente perdidas para el dominio del Estado en Nariño, Putumayo y en toda la cornisa del Pacífico. No es un fenómeno que surja de este Gobierno, pero sí se ha intensificado. Entonces, surge una gran pregunta: ¿Es el momento para sentarse a hablar con estos ilegales, cuando la debilidad del Estado es manifiesta?

Y lo dice usted, que fue el jefe negociador con las Farc...

Recordemos, cuando llegamos a La Habana a hablar con las Farc, veníamos de triunfos militares y de un predominio del Estado importante. Ahora lo que estamos viendo es un proyecto de ley en momentos de debilidad del Estado. Ahí hay un problema estratégico que debería implicar, primero, retomar la capacidad del Estado sobre la mayor parte del territorio para negociar en mejores condiciones.

¿Cuál es su segunda objeción a ese polémico proyecto de ley?

Estamos en un momento preelectoral extraordinariamente polarizado. Una propuesta de ley de esa naturaleza puede tener efectos electorales. Es como un llamado a grupos ilegales con una promesa de favorecimiento. ¿Qué efecto puede tener eso en las elecciones? Es una pregunta que no deberíamos tener que formular, porque cualquier iniciativa del Estado, ya no del Gobierno, debería ser posterior a las elecciones.

El Gobierno presentó una ley de sometimiento al comienzo de su mandato, dejó pasar tres años y llegar nuevamente con una idea de esta naturaleza en este momento me parece estratégicamente equivocado.

Cambiando de tema, ¿cree que, siendo año electoral, sí habrá futuro para la reforma tributaria?

No le veo mayores perspectivas. Le oí al nuevo presidente del Congreso, el senador Lidio García, que se comprometió a permitir que se tramitara. Sin embargo, tiene muy pocas posibilidades. Toda reforma tributaria genera tensiones, dificultades, negativas. Más allá de lo que lo pueda hacer el Gobierno, en un año electoral me parece que esa iniciativa es bastante difícil de sacar adelante. Yo creo que no habrá reforma tributaria.

Usted no mencionó la reforma a la salud. ¿La crisis de ese sector no va a tener solución este año?

Por lo menos no por la vía legal, porque Colombia ha venido con un sistema de salud crecientemente beneficioso para la ciudadanía. La cobertura ha crecido de manera asombrosa, la capacidad de respuesta también la hemos vivido todos y, sobre todo, la eliminación de la discriminación en función del estrato social. Antes de la ley actual los pobres eran atendidos en lo que se llamaban sistemas de caridad, mientras que hoy estamos con derechos iguales para unos y otros, sin discriminación de esta naturaleza.

Pero sí hay cosas por mejorar...

El Gobierno ha visto unos defectos en el sistema, que los tiene. Por un lado, una corrupción superlativa. Por el otro, problemas en la ruralidad y, en tercer lugar, una falta de mayor énfasis en la salud preventiva. Todo eso es cierto, pero eso no se arregla destruyendo el sistema para crear otro en manos del Estado. Es una ilusión creer que uno acaba con la corrupción regresando al viejo Seguro Social. Quienes tenemos mayor edad nos acordamos de los enormes escándalos alrededor del Seguro Social en materia de corrupción.

En segundo lugar, es cierto que en la ruralidad el sistema es mucho más débil. En el Acuerdo de La Habana pactamos un sistema de salud para el campo, porque allí hay un problema. La pregunta es, ¿se resuelve esa carencia destruyendo el sistema y creando otro en manos exclusivamente del Estado? Yo creo que la respuesta es negativa.

¿Y qué opina sobre el énfasis que se hace en la prevención?

Uno no necesita destruir lo hecho para tener una medicina preventiva más acentuada y más eficaz. El problema de la salud no es ideológico, como dice el Gobierno, es práctico. Lo que tenemos ha sido un gran avance, es un error destruir lo que tenemos y no le veo ninguna posibilidad o muy poca al proyecto de salud en el Congreso.