“No se deshace un conflicto solo con un acuerdo de paz”, dice líder del Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad

“Un marco de siete años más, da posibilidad de organizar todo para que se cumpla con la implementación, así que no me parece descabellado. Siempre los acuerdos de paz, y más el de Colombia, que se firmó después de 60 años de conflicto, tienen que deshacerse en el tiempo. Uno no deshace un conflicto solo con un acuerdo de paz, hay que remar mucho para que la cultura cambie”.

Esto piensa Marina Gallego, presidenta del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, sobre la propuesta que el presidente Petro lanzó hace algunas semanas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El País habló con ella, a propósito del segundo informe entregado por ese ente a la opinión pública.

¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que se consignaron en el segundo informe de seguimiento del Comité?

Hicimos un barrido por todas las recomendaciones en el Acuerdo de Paz y unos llamamientos para ponerle cuidado a algunas cosas que hay que seguir impulsando. Hay atrasos en el Acuerdo que se presentaron en el gobierno de (Iván) Duque y por eso siguen rezagados aspectos como la reforma agraria, aunque este ha avanzado después de las recomendaciones del 2022, porque hay muchísimos más recursos para desarrollarlo.

Está todo el proceso de la compra de tierras, son tres millones de hectáreas, según el Acuerdo, y el Gobierno tiene una meta muy alta, que es la mitad, y está en el proceso de la compra de tierras para la entrega a campesinos y campesinas. Creo que eso ha avanzado muchísimo más que en el anterior Gobierno y habría que ver hasta dónde alcanza este.

Está también la jurisdicción agraria, que se aprobó, y falta todavía reglamentación, pero es un instrumento muy importante porque muchos de los conflictos en los territorios se dan por los linderos, que generan muchos conflictos sociales y ahora no entrarán a los jueces de circuito sino a la jurisdicción agraria, y el campesinado como sujeto le otorga un estatus de derechos.

Y el punto de participación política, ¿cómo lo analiza en términos de avances y retrasos?

Prácticamente no ha avanzado y tiene mucho que ver con las reformas que tiene que hacer el Congreso. Ha sido bastante difícil que se reforme, empezando porque hay que trabajar una ley con una visión de paridad frente a las mujeres y la composición del Congreso. Y hay otros llamamientos que tienen que ver con la movilización, la persecución social y el Esmad, que algo avanzó en este periodo, no como lo plantea el Acuerdo de Paz, pero sí limitan ciertas cosas a raíz de todo lo que pasó en el estallido social con el uso de armas que producen discapacidad para toda la vida; sin embargo, hay que revisar más a profundidad cómo se afrontan las protestas sociales.

Sigamos con el punto 3 del Acuerdo. ¿Cómo se ha desarrollado, desde la mirada de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad?

Este punto tiene que ver con el desmantelamiento de los grupos al margen de la ley y se puede mirar con la firma de la Paz Total y lo de drogas, que es la política que sacó el Gobierno el año pasado; la Unidad de Búsqueda y la Unidad de Víctimas, en donde ha habido una mayor indemnización y esfuerzos para la reparación integral: este Gobierno casi que duplicó el presupuesto, pero el reto es la ejecución, porque hay que mirar que se logre todo lo que se ha destinado, y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, terminó la etapa de mirar las sentencias y las sanciones alternas que van a tener quienes se beneficien de ella. Creo que, para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, los llamamientos son a acelerar la ejecución de lo que se acordó y que los recortes (presupuestales) no afecten las metas que tienen para desarrollar.

En la parte de la Paz Total, consideramos que tener ocho mesas abiertas, incluidas las urbanas, es un hito importante. Ahora, el reto sigue siendo lograr negociaciones, que no se dan solo con la apertura de la mesa, como lo demostró el proceso con las Farc, y esperamos que al cabo del Gobierno se logren cerrar al menos una buena parte de esas negociaciones exitosamente. Entonces, el llamamiento es a continuar y a buscar las salidas necesarias para que haya negociaciones sólidas.

¿Cómo ha visto lo actuado por el Gobierno Petro en cuanto a la lucha contras las drogas, que también hace parte de lo convenido en La Habana?

Consideramos que la política de drogas, que no está enfocada en la criminalización de los campesinos, es una buena política: mientras se negocia, bajar la presión hacia los campesinos y tratarlos más como víctimas es una fórmula que puede dar resultados interesantes. Y también la reforma a la justicia que están impulsando tiene avances, pero está en proceso. Entonces, hay que continuar jalonándola, para ver qué se logra, porque una parte es lo que impulsa el Gobierno y otra lo que el Congreso aprueba, pero el camino es tener la intención de hacerlo, porque otros gobiernos no la han tenido.

Qué otros aspectos analizan en el seguimiento que ustedes hicieron en esta segunda fase?

Nos sorprendió que hay desarrollo en términos de verdad, en la escuela, asuntos que está haciendo el Ministerio de Cultura y el legado que muchas organizaciones sociales están impulsando con los hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esto mantiene vivo el Informe Final, que el legado lo asuma también el movimiento social y tomen la agenda de las recomendaciones como agendas propias que tienen que ver con sus sectores, como el de mujeres, que es adonde pertenezco.

¿Ese es el objetivo del Informe Final de la Comisión de la Verdad?

Las recomendaciones son una agenda de cambio que requiere el país para superar el conflicto armado y creemos que, en la medida en que se avance en ese sentido, se le va quitando ese músculo a lo armado y a esa visión de que en Colombia todo se resuelve creando ejércitos armados y de que los jóvenes son la principal fuente de esos grupos. Hay que trabajar desde muchas perspectivas, y una es generar dinámicas de cambio en todo el Estado, el Congreso, la Justicia, no solo el Ministerio, sino las altas cortes, y las intenciones de cambio de los gobernantes.

¿Es conveniente ampliar por siete años el periodo de implementación del Acuerdo de Paz, como lo propuso el presidente Petro?

Sí. Hay una meta de tres millones de tierras, por ejemplo, y, como hay tanto retraso, eso le da al Gobierno que esté un marco para la compra de esas tierras y entregarlas y adelantar toda la política crediticia que acompaña el desarrollo rural. Colombia, para superar el conflicto, necesita poner los ojos en las regiones. Gobernando para Bogotá, no se logra aclimatar la economía ni nada. Cualquiera que llegue al Gobierno, tiene que tener esa visión y una visión sobre los jóvenes, quitarle la gasolina a los grupos armados, que se alimentan de los menores de edad. Y un marco de siete años más, da posibilidad de organizar todo para que eso se cumpla, así que no me parece descabellado. Siempre los acuerdos de paz, y el de Colombia, que se firmó después de 60 años de conflicto, tiene que deshacerse en el tiempo. Uno no deshace un conflicto solo con un acuerdo de paz, hay que remar mucho, como se dice coloquialmente, para que la cultura cambie. Las nuevas generaciones ya no piensan que es atractivo estar en toda esa ilegalidad y hay que desmontar los estados mafiosos territoriales.

¿Y cómo analiza la propuesta de crear un ‘fast track’ para darle agilidad en el Congreso a los proyectos de ley relacionados con el Acuerdo?

Es que en el Acuerdo de Paz solo quedó un tercio de lo que había que hacer a través del Congreso, entonces, porque lo permitía el acto legislativo que sí se aprobó, el presidente (Juan Manuel) Santos hizo unos decretos ley, que ese es el ‘fast track’, para hacer la Comisión de la Verdad, pero no se logró poner todo lo que se requería, así que hay leyes que faltan y que están taxativamente en el Acuerdo de Paz.

Me parece que sería muy importante implementar un ‘fast track’ para darle un impulso al Acuerdo, porque hay cosas que afectan el funcionamiento del Estado y organismos por crear. Si queremos detener el conflicto, y como parte de lo que dicen los actores armados es que el Estado hace acuerdos y no cumple, pues hay que ir mostrando que sí se cumple y que los acuerdos son posibles de cumplir. Tenemos que cambiar de chip, porque si no, no salimos del conflicto armado y tendremos que vivir otros 60 años en el conflicto armado.

¿Pero cree que sí hay ambiente político para aprobar ese ‘fast track’?

Personalmente creo que los movimientos que se están haciendo con el Ministro del Interior hacia ese pacto (nacional) van para allá, a lograr unos acuerdos centrales para el país. Si se pacta con los actores armados, ¿por qué no podemos pactar con el Congreso o con los partidos políticos y con la oposición? A todos nos interesa el país, se supone que también al Congreso.

Quiero volver sobre la JEP, porque los exjefes de las Farc han tenido diferencias con ella...

A la JEP le toca investigar a las Farc y las Fuerzas Armadas, además de los terceros que quieran vincularse voluntariamente; no puede juzgar paramilitares. Aclarando esto, la JEP, al 2027, tiene que tener toda la situación resuelta, ya deben empezar las sanciones y los juzgamientos. Entonces, el llamado que les hicieron las Farc, en mi concepto, es importante, porque el compromiso que tuvieron al firmar el Acuerdo es que se juntaban los máximos responsables y no se debería abrir más hacia los combatientes, porque para ellos está la Sala de Amnistías y eso se pacta en todos los pactos políticos: hay un grupo muy grande de los grupos armados que negocian que van a amnistías, y esto lo tiene que ajustar la JEP. Ellos tuvieron problemas derivados de que el Gobierno anterior no les entregó las listas de los que iban a entrar en amnistía y parece que apenas las encontraron este año y tienen que desatrasar eso para resolver la situación jurídica de los que firmaron la Paz, y es un llamado que yo valido.

Y sobre los reclamos de los exmandos altos, ¿qué opina?

Respecto a los máximos representantes, considero que la JEP no puede juzgar un número altísimo, es un tribunal transicional, o sea que se va a acabar. Entonces, un tribunal ordinario debe seleccionar qué va a hacer con esas situaciones jurídicas que han aparecido, porque hay un número alto de máximos responsables, que son la cúpula y los mandos medios, que tienen un marco de juzgamiento que no son los 13.000 que se desmovilizaron ni los 7000 a los que no les han resuelto su situación jurídica. Entonces, la JEP debe concentrar sus esfuerzos en lo que tiene que ir evacuarlo y tramitando como tribunal que juzga.

En cuanto a una visión más hacia las Farc, hay que mirar la parte de los militares: lo que entendemos es que no están asumiendo esa máxima responsabilidad los generales del Ejército, o muy pocos, y eso desbalancea. Si no hay ese máximo reconocimiento, ellos entran a tener 20 años de pena, y algunos ya la cumplieron, entonces no hay reconocimiento, que es un asunto central. La JEP lo que tiene que hacer es expulsarlos, en caso de que no haya ningún tipo de verdad. Es complejo, porque si hay coroneles y otros mandos medios que han dicho verdades, eso involucra la máxima responsabilidad de los generales que están al frente de ellos.