Iris Marín, defensora del pueblo, cuestionó propuesta del Gobierno frente a integrantes de las AUC

Con relación a la propuesta hecha este fin de semana por parte del Gobierno Nacional, relacionada con la posible participación de exintegrantes de las AUC en procesos de verdad y la posible incidencia en las elecciones a realizarse el próximo año, mediante la Resolución 327 de 2025, la defensora del pueblo hizo algunas precisiones.

Según dicha propuesta, la revelación de verdad por parte de los excombatientes -incluyendo la identidad de quienes fueron partícipes de actos violentos- podría tener un impacto político directo en las candidaturas que se barajan para las elecciones del 2026.

Iris Marín Ortiz, ha manifestado su preocupación, señalando el gravísimo riesgo de esta instrumentalización. Para la Defensoría, establecer una relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política desvía el propósito central de los procesos de verdad.

“Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”, dice la funcionaria.

Marín manifestó su preocupación en seis puntos específicos de dicha iniciativa del gobierno:

“1) los compromisos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los paramilitares que participaron en el proceso de Ralito fueron regulados por la Ley de Justicia y Paz, y tienen supervisión judicial”, dice, y añade que, según la resolución, este nuevo proceso no sería supervisado por los jueces de la República.

“2) las víctimas no son un escenario ni un decorado político. Convertir sus experiencias y sus pérdidas en un insumo para generar efectos electorales es revictimizante. La exposición pública de su dolor sin su consentimiento informado y acompañamiento institucional y sin una arquitectura judicial de reparación revuelve las heridas abiertas”, manifestó.

“3) La verdad que se releva no debe depender del calendario electoral”, dijo Marín, a propósito del momento en el que se ha propuesto este nuevo proceso en Colombia.

“4) No basta con acelerar cronogramas si no hay condiciones para la protección y garantías de los derechos de las víctimas”, prosiguió la defensora, e hizo referencia a los posibles “viajes simbólicos” y recorridos territoriales expuestos en la resolución.

“5) La justicia transicional no puede estar supeditada a decisiones unilaterales o intereses políticos”, uno de los factores que más preocupa de este nuevo escenario planteado por el gobierno de Gustavo Petro.

La defensora del pueblo también se refirió al enfoque que se le dará a las víctimas en este nuevo proceso con los exintegrantes de las AUC: “6) Las víctimas merecen protagonismo, no invisibilización selectiva”, señaló.