Invamer advierte que nueva ley de encuestas es una “censura directa” y amenaza derechos fundamentales de los colombianos

Como una “censura directa” calificó el gerente de Invamer, Martín Orozco, la polémica ley aprobada por el Congreso con la que se planea regular la publicación de encuestas políticas.

En palabras del directivo de una de las principales firmas encuestadoras del país, este proyecto representa un peligro para los derechos fundamentales de los colombianos como la libertad de prensa y el habeas data.

“La ley tiene demasiados problemas. Pero para resumirlos todos, en una palabra: censura”, fueron las declaraciones de Orozco en medio de una entrevista con Blu Radio.

A su turno, hizo énfasis que con esta ley “se está atentando contra la libertad de prensa, contra la libertad de las personas a expresarse y contra el derecho de los ciudadanos a ser informados adecuadamente”.

Orozco también fijó su postura frente a una de las restricciones que tiene esta nueva ley, la cual se basa en que las encuestadoras no podrán publicar los estudios de intención de voto sino hasta el 1 de noviembre, que en este caso sería tres meses antes de la fecha límite para la inscripción de candidatos presidenciales, es decir, el 31 de enero.

“Antes del 1 de noviembre la gente no va a tener cómo saber cómo van las preferencias electorales, y los medios no van a tener cómo comunicarle eso a la ciudadanía”, mencionó el gerente, sosteniendo que dicha limitación generaría un vacío informativo en medio del proceso electoral.

“Lo que están haciendo es ponerle un bozal a las encuestas”, advirtió Orozco.

Otra de las críticas que hizo el directivo sobre los artículos que componen a la iniciativa, estuvo relacionada con el requerimiento de que las encuestadoras entreguen al Consejo Nacional Electoral (CNE) información a detalle de los microdatos, grabaciones, y formularios originales.

A juicio del entrevistado, este proceder es una violación directa al habeas data y a los principios de confidencialidad de los encuestados.

“Nos obligan a entregar respuestas individuales de los encuestados, incluyendo su estrato, edad y municipio, aunque no se incluya el nombre. Eso, a mi modo de ver, es una violación a la ley de protección de datos”, remarcó Orozco.

De hecho, señaló que el mencionado proceso amenazaría la propiedad intelectual de las firmas, teniendo en cuenta que les exigiría a entrega del código computacional utilizado para procesar los datos.

“Es como pedirle a Coca-Cola que revele su fórmula secreta”, destacó el gerente.

Finalmente, el directivo del Invamer habló sobre las consecuencias económicas que esta ley traería consigo, en donde, según él, se verían afectados quienes trabajen con las firmas encuestadoras.

“Los encuestadores no van a tener trabajo sino hasta después del 1 de noviembre. Es decir, paralizan un sector entero”, puntualizó en el diálogo.

Es necesario recordar que a este proyecto de encuestas solo le falta ser sancionado por el Presidente para que finalmente se convierta en ley, pues el documento ya fue firmado por el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.