Corte recusó al magistrado Jorge Ibáñez para que se aparte de la discusión de la reforma Pensional

En la mañana del lunes 20 de octubre se conoció que el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, fue nuevamente objeto de una recusación tras presentar una ponencia negativa sobre la reforma pensional y recomendar a la Sala Plena que se declare su inconstitucionalidad.

En la ponencia, el magistrado Ibáñez consideró que no se corrigieron debidamente los vicios de trámite detectados en la deliberación de la reforma en la Cámara de Representantes, al acoger el texto aprobado por el Senado sin un debate amplio, lo que, a su juicio, vulneró el debido proceso legislativo.

La recusación, presentada por un ciudadano de Barranquilla, expone que el magistrado incurrió en “juicios y calificaciones por fuera del debate meramente jurídico”, lo que pone en cuestión su imparcialidad en el proceso de revisión de la reforma pensional.

“El magistrado Ibáñez utiliza expresiones valorativas y juicios de conveniencia política que desbordan el análisis estrictamente jurídico, evidenciando una posición preconcebida y desfavorable hacia los propósitos sociales y económicos de la reforma” señaló el ciudadano que interpuso la recusación.

Asimismo, el ciudadano asegura que Ibáñez es de “tendencia ultraconservadora” por lo que genera intromisión de política en los fallos de la Corte, a que lo considera como “oposición directa”, al gobierno de Petro.

“Hace análisis con evidentes sesgos antijuridicos como si su papel fuera del legislador, en vez, de interpretador y darle valor judicial a lo concierne de la aprobación de las leyes de los legisladores donde cae directamente la competencia del ámbito jurídico”, se lee en el documento.

“Causales fundadas de parcialidad política, enemistad ideológica y perjuicio manifiesto frente al actual Gobierno Nacional”, sería la figura normativa bajo la cual tiene cabida esta recusación.

Asimismo, el ciudadano solicita que se oficie al magistrado recusado para que presente sus justificaciones en el plazo legal y aporta la ponencia redactada por Ibáñez, su documento de identidad y publicaciones que demostrarían, según él, la posición política del magistrado.

Cabe recordar que bajo el argumento de que el trámite de la Reforma Pensional en la Cámara de Representantes no subsanó los vicios de trámite, Ibáñez pide declararla inexequible.

Ibáñez sumó a su argumentación las supuestas irregularidades en la citación y la cifra de representantes que estaban en la sesión del 27 de junio, de anuncio del proyecto, 62 en total, al sostener que debió ser por mayorías.

Esto, similar a los argumentos esbozados por los demandantes del proyecto y que contradicen la versión del ahora procurador general, Gregorio Eljach, exsecretario del Senado, que tiene otro visión sobre el quórum.